8 de Abril de 2019
Ciudad de México.- La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, celebró la voluntad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para iniciar una nueva etapa en el caso, que permita superar los cuestionamientos de distintas instancias nacionales e internacionales
La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, firmaron un acuerdo para coadyuvar en las investigaciones en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
En el evento, al asistir como testigo de honor Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, quien señaló que la prioridad del gobierno federal es la de esclarecer las más de 40 mil desapariciones en el país, en particular los estudiantes de Ayotzinapa.
En su mensaje la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, saludó la voluntad del gobierno de México de solicitar el apoyo de instancias internacionales y advirtió que alertarán sobre cualquier incumplimiento.
El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, abundó que es fundamental que este nuevo proceso de investigación del caso Ayotzinapa, se realice conforme a las más altas y exigentes normas a nivel internacional.
En el Salón Morelos de la SRE, la titular de la Secretaría de Gobernación, Sánchez Cordero aseguró que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador es que la dependencia a su cargo da prioridad a la protección y garantía de los derechos humanos, donde está el tema de la Comisión de la Verdad y la Justicia de los normalistas de Ayotzinapa.
Dijo que trabajan en el tema de los más de 40 mil desaparecidos y más de 20 mil cuerpos no identificados, donde el subsecretario de Migración y Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, y su equipo tratan de resolver este asunto que tanto ha lastimado al país.
En tanto, Michelle Bachelet celebró la voluntad del gobierno del presidente López Obrador para iniciar una nueva etapa en el caso Ayotzinapa, que permita superar los cuestionamientos de distintas instancias nacionales e internacionales a la investigación realizada por la extinta Procuraduría General de la República.