El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco.
Ya son tres periodistas asesinados el 2022
El año pasado, en México fueron nueve los periodistas asesinados, este 2022, en los primeros 23 días del año ya son tres periodistas que pierden la vida de manera violenta: José Luis Gamboa, en Veracruz; Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado, ambos en Tijuana, Baja California y con apenas unos días de diferencia entre un crimen y el otro.
La frase está muy trillada, pero no por eso deja de ser cierta y tener contundencia: México es el país más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo.
Desde el año 2000 a la fecha, se registra el asesinato de 145 periodistas que perdieron la vida de manera violenta, una cifra que no tiene competencia, ni siquiera en naciones que enfrentan conflictos de guerra civil.
Los últimos tres sexenios son los más violentos, pero el de Andrés Manuel López Obrador, en apenas la mitad de su mandato ya rebasó las cifras que se presentaron con Felipe Calderón Hinojosa (49 periodistas asesinados); con Enrique Peña Nieto (47); en el sexenio actual suman 54 los informadores que han perdido la vida de manera violenta y sin que la justicia realice su trabajo; la mayoría de esos crímenes siguen en la impunidad.
El caso más reciente, es el de la periodista Lourdes Maldonado, quien fue asesinada de un balazo en la cabeza afuera de su casa, mismo móvil en el crimen contra Margarito Martínez Esquivel.
Mientras que, en el pasado, cuando era candidato, el ahora presidente López Obrador, mostraba indignación y exigía justicia para las víctimas y sus deudos, culpando al gobierno en turno de complicidad y pasividad en las investigaciones; ya en el poder y con más muertes de periodistas a cuestas que sus antecesores, no solamente no hay indignación ni reclamo de justicia. Ahora justifica y “patea” el bote, acusa al pasado y a los neoliberales, pero no ofrece resolver los casos y castigar a los culpables.
La periodista Lourdes Maldonado, expuso ante el presidente López Obrador que recibía amenazas del entonces, producto de un litigio laboral que sostenía en contra del ex gobernador de Baja California, Jorge Bonilla. Aunque se aplicó el mecanismo para protección a periodistas, resulta por demás evidente que, una vez más, ese mecanismo volvió a mostrar su ineficacia y lo inútil que resulta.
Ese mecanismo viene fallando desde su creación, no solamente porque es un artilugio del gobierno para decir que están preocupados por la situación, pero nada atiende y nada resuelve, también se trata de un esquema que no es operativo y al cual le han venido reduciendo los recursos presupuestales en los pasados dos años y también en el actual. No sirve y sin dinero, sirve menos.
La facilidad con la cual se puede asesinar a cualquier persona en México y que no pase nada, es extensiva a los periodistas; a esa facilidad se agrega la impunidad y la falta de resolución de las autoridades para encontrar a los responsables, sin culpables no hay castigo y eso alienta a que los crímenes se sigan cometiendo.
Si a todo lo anterior se le agrega un discurso de odio en contra de los periodistas, si se les achaca la responsabilidad de ser los causantes de los problemas del país, si desde el púlpito presidencial se arremete en contra de ellos y se les ubica en el bando de los enemigos, lo que encontramos es el caldo de cultivo perfecto para que sean víctimas de atentados.
Los datos de violencia contra periodistas indican que, a pesar de que en México hay un serio problema de violencia con el crimen organizado, son los políticos los que mayormente están detrás de los atentados contra los informadores.
Lo que resulta inaceptable es la pasividad del gobierno y la indolencia para atender esta crisis, que afecta sobre manera la libertad de expresión; es inadmisible que, desde la Presidencia de la República, el discurso se centre en acusar a un pasado amorfo, a un ente imaginario, en lugar de aportar recursos, destinar personal para investigar y ofrecer resultados y justicia, tanto para las víctimas como para sus deudos.
No puede aceptarse que el odio se avive desde la tribuna presidencial, que desde ahí se agite y se acuse sin fundamento, que el trabajo periodístico, en lugar de merecer respuestas institucionales, recibe descalificaciones y acusaciones de “amafiamiento”; con eso se alienta a los criminales y si además se les garantiza impunidad, entonces los periodistas estamos condenados.