“El Estado para asegurar su viabilidad necesita contar con información que le diga las variables de su realidad”
Mtra. Ángeles Magdaleno
El 23 de enero pasado el presidente López Obrador señaló que estaba por firmar un decreto presidencial para abrir los expedientes del ahora extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y de la antigua Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Por supuesto, todo se ha tratado de una farsa como en otros anuncios del actual régimen. Para variar no se ofrece mayor precisión sobre qué archivos exactamente se abrirán y cuál será la logística para la consulta de dichos expedientes.
Sin embargo, a partir de diversas notas periodísticas, nos hemos dado cuenta que en realidad se abrió el archivo de la extinta DFS, que aunque por ley debía estar abierto al público desde el año 2002, se mantuvo en resguardo por personal del CISEN en el Archivo General de la Nación (AGN).
En las últimas semanas medios nacionales han publicado notas en las que señalan que varios personajes políticos y artísticos fueron espiados por el antiguo aparato de inteligencia. Asuntos todos sin mayor sentido o relevancia pues no aportan a la historia institucional del país.
Lo anterior nos lleva a preguntarnos ¿Qué pasa con los aparatos de inteligencia del Estado Mexicano? ¿Cuál es la política de seguridad nacional en la actual administración federal?
Para revisar un poco los antecedentes de cómo llegamos a la supuesta apertura de archivos, es necesario revisar las modificaciones al ejercicio de la seguridad nacional en los últimos años:
1.- El hoy extinto CISEN se creó en el año 1989 para sustituir a la DFS. Su actuación se reforzó y profesionalizó a raíz del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994. Los que hasta ahora estaban al frente de esa institución eran viejos lobos de la inteligencia mexicana, formados al calor de la guerrilla.
2.- La “Ley de Seguridad Nacional” expedida el 31 de enero de 2005 bajo el gobierno de Vicente Fox, sustentó la profesionalización de las labores de inteligencia y creó tres instituciones que fueron base del “Sistema de Seguridad Nacional: el Consejo de Seguridad Nacional, el Secretariado Técnico del Consejo y la Comisión Bi-camaral de Seguridad Nacional” (Cámara de Diputados, 2009).
3.- El 30 de noviembre de 2018, en plena transición de poderes, el todavía presidente Peña Nieto estableció un decreto mediante el cual modificó la adscripción del todavía inexistente Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Secretaría de Gobernación hacia la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Quizá ya no exista el CISEN, pero la institución de inteligencia del Estado Mexicano sigue operando bajo la misma ley de Seguridad Nacional vigente. La obligación del CNI sigue siendo garantizar “la preservación de la soberanía e independencia nacionales” por lo tanto puede realizar acciones como “operar tareas de inteligencia y preparar estudios de carácter político, económico, social” y demás relacionados con sus atribuciones (Cámara de Diputados, 2005).
Aunque López Obrador insista en que ya no existe el aparato de inteligencia, es bien sabido que el CNI se encuentra vigente y que quien lo dirige es un hombre muy cercano al tabasqueño desde su primera campaña presidencial: el general de división Audomaro Martínez Zapata.
Cambiarle el nombre a una institución de seguridad nacional no representa el fin de la misma. Anunciar la supuesta apertura de archivos solo reafirma la simulación, el engaño y el desprecio a la inteligencia de la población mexicana.
Para reflexionar: desde que el presidente Harry Truman firmó el Acta de Seguridad Nacional en 1947, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no ha cambiado su nombre, tampoco lo ha hecho la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) desde 1952. Hoy, México está en la encrucijada entre buscar mayor coherencia y continuidad institucional o estar inventando país e instituciones cada seis años.
Carlos Iván González Ibarra.
Periodista e Historiador