Fraude a la Constitución y al pueblo de México
Por José Eduardo Limón Camacho.
Analista
En días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo su aparición estelar en el Circo Nacional. El director del circo, durante una semana se dedicó a mandar señales y directrices sobre cómo quería que fuera su actuación respecto a la declaración de constitucionalidad de la consulta para juzgar a los expresidentes.
Mucho se polarizó el tema por parte de los defensores del espectáculo con argumentos sentimentalistas y no jurídicos; lo que generó una relativa confianza en la ciudadanía, ya que se pensaba que todos los Ministros de la Corte, eran personas con una claridad jurídica digna de su cargo y que sin complicaciones técnicas desecharían la propuesta del director del Circo Nacional por ser notoriamente inconstitucional.
El Ministro Ponente Luis María Aguilar Morales, días antes del espectáculo, pasó su proyecto a los demás Ministros en donde con claridad jurídica y sencillez explicaba la inconstitucionalidad de la consulta; aquí rescatamos algunas partes del proyecto:
‘‘La consulta popular no puede tener por objeto la restricción de los derechos de las personas, lo que implica, necesariamente, que tampoco puede consultarse si las autoridades pueden o deben proteger los derechos humanos, pues esa es su obligación constitucional. A la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública, la participación ciudadana tiene otros medios de interacción en esa dimensión, a ella compete obligadamente denunciar los hechos delictivos de los que tengan noticia y coadyuvar, en su caso, con las instituciones del Estado. Es precisamente por ello que el objeto de la consulta popular que se solicita, se considera inconstitucional, pues someter a consulta si la mayoría está de acuerdo o no en que las autoridades competentes investiguen, persigan y sancionen los delitos que pudieran ser cometidos por los expresidentes de la República, implica sujetar a la condición o elección de una porción de la población, cualquiera que sea su número, si las autoridades deben cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos humanos, pero sobre todo, implicaría desvirtuar la finalidad de la consulta popular que, como derecho humano, busca maximizar la voz de la ciudadanía y fortalecer sus derechos, nunca disminuirlos, como podría suceder si el resultado de una eventual consulta fuera a favor de no investigar, perseguir y sancionar los delitos, lo cual generaría un fraude a la Constitución y al pueblo de México’’.
Para sorpresa de todos, en una maroma invertida, 6 Ministros de la corte se subieron al proyecto electoral del Presidente y lo que para muchos juristas merecía una respuesta de examen para las clases de Teoría del Estado, Derecho Constitucional, Derechos Fundamentales y Derecho Penal, se convirtió en una retórica abanderada por el Ministro Zaldívar de: ‘‘Lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal. Los riesgos no se solucionan clausurando los debates a la libertad de expresión.”
Comentario absurdo y carente de toda lógica jurídica, ya que la ley se debe aplicar a todos por igual sin distinción de opiniones personales. La tarea del Ministerio Público, es investigar hechos presuntamente delictivos y a partir de sus investigaciones es que se señala ante un Juez quiénes son los posibles implicados en la comisión del delito. Por su parte el Juez estudia los hechos y analiza si el acusado fue quien cometió el delito. Nuestro sistema penal acusatorio parte de hechos y no de opiniones o sentimientos populares.
El Poder Judicial, no puede estar bajo la sumisión del Ejecutivo Federal y acomodar la interpretación normativa a las ocurrencias que se le dicten. Su tarea principal es ser el custodio de la Constitución y brindar a los gobernados la certeza jurídica de que la ley se aplicará bajo los parámetros de una interpretación doctrinal y lógica; sin sorpresas ni disparates. La Función Judicial es el freno que impide que MALO diga en alguna mañanera: El Estado soy Yo.
Lamentablemente 6 ministros de la Corte, abandonaron los criterios doctrinales del derecho y se prestaron a una consulta con intenciones totalmente electoreras, pues, como él mismo Zaldívar admitió: esta consulta no puede ni debe generar efectos vinculantes para los expresidentes. Pero, aun así, va porque lo importante no es hacer justicia ni devolverles a los mexicanos lo robado, sino seguir con el espectáculo y evitar cualquier conflicto con el dictador.
¿Y qué pasará al final? Nada, absolutamente nada, al igual que con la No rifa del avión presidencial, todo quedará en una enorme humareda con la que se pretenden ocultar sus enormes y constantes ineptitudes y corrupciones. Los mexicanos queremos justicia y nos la merecemos, pero exigimos que sea atendiendo al debido proceso, porque el supuesto bien que se pretende hacer terminará por viciar el proceso. No podemos prestarnos como los 6 Ministros de la Corte para formar parte del Circo Nacional y hacer piruetas a la voz de cada mañanera.