El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco.
El presupuesto de un hombre
El presupuesto estimado para el 2022 del gobierno federal, que asciende a 7 088,250, millones de pesos, representa un incremento del 8.5 por ciento en términos reales. Es un presupuesto que en los últimos diez años no registraba un incremento de tales consideraciones.
El gobierno federal, insiste diariamente que ejerce una administración austera, pero en la realidad la 4T va a gastar más recursos de los cuales se tenga registro.
Para cubrir estas proyecciones y cumplir “los buenos deseos” del presidente López Obrador, se establecieron algunos supuestos, desbordados de optimismo y la contratación de deuda pública, justamente esa que el gobierno federal dice que no ha contratado, pero cuyos empréstitos solicitados a la fecha ya superan los que pidió Enrique Peña Nieto en su sexenio.
El gasto público para el año entrante se estima en 7,088,250 millones de pesos, eso representa un incremento del 8.5 por ciento en términos reales, pero eso contrasta con los ingresos proyectados que se estima crecerán al 7.5 por ciento en términos reales.
Lo anterior establece claramente, que el gasto será superior a los ingresos que el gobierno estima captar. La única forma de cubrir esa diferencia entre gasto e ingresos, es echar mano del financiamiento a través de contratar deuda pública, es la única manera con la cual se puede compensar el déficit entre ambos rubros que es de 875,570.5 millones de pesos.
El gasto a disposición del presidente López Obrador se va a distribuir, según afirma el propio gobierno federal, en el sector salud, algo que resulta necesario e importante, sobre todo luego de los recortes aplicados en los años anteriores y los subejercicios que se detectaron antes y durante la pandemia de Covid-19.
Pero la ampliación más importante se presenta en el rubro de la Guardia Nacional, para el año entrante ahí se tiene proyectado aplicar 24 mil millones de pesos, un 70 por ciento adicional con respecto al presupuesto disponible al segundo trimestre del 2021.
La intención presidencial con respecto a la Guardia Nacional, es que a partir del próximo año se integre de manera formal a las fuerzas militares, algo que durante mucho tiempo se negó, pero que al final de cuentas se va a cumplir.
Los otros destinatarios del gasto público son Pemex, que no ha dejado de perder dinero y está convertido en un barril sin fondo lo cual compromete diariamente las finanzas públicas; el tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y los programas sociales, tan cuestionados y diseñados de manera tan deficiente que además de ser opacos y no cumplir sus objetivos, se han vuelto regresivos porque no lograron reducir las brechas de desigualdad, por el contrario, la ampliaron.
Así como el presidente tiene prioridades y las quiere atender con carretadas de dinero, también es más que evidente la existencia de rubros que no son importantes y eso también se refleja en la distribución del gasto programado.
El gasto en ciencia, tecnología e innovación llegó a su punto más bajo en toda la década. Igualmente se recortó dinero a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de la Función Pública –misma que es la encargada de atender la corrupción gubernamental–. Es paradójico que un gobierno cuyo lema centra es el combate a la corrupción, no le asigne recursos a la dependencia encargada de trasparentar las actividades gubernamentales, particularmente lo referente a las licitaciones y a los padrones de beneficiarios de los programas sociales.
También llegó “el tijeretazo” presupuestal a órganos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Instituto Federal de Comunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el multiconocido caso del Instituto Nacional Electoral (INE).
El problema no solamente es en lo que se va a gastar, sino en la obtención de los recursos que salen de proyecciones muy optimistas. El gobierno considera un crecimiento del PIB de 4.1 por ciento, una inflación del 3.4 por ciento, un tipo de cambio promedio frente al dólar del 20.3 pesos y una producción de barriles de petróleo de mil 826 barriles de petróleo diario a un precio promedio de 55.1 dólares.
Esas estimaciones pueden o no cumplirse y están sujetas a consideraciones muy optimistas sobre el desempeño que tendrá la economía mexicana.
El grave problema es que, si esos supuestos no se cumplen, la afectación a las finanzas públicas será significativa.
De acuerdo al Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, estima que una caída o aumento en cada punto porcentual de crecimiento real significa una variación de 19 mil 600 millones de pesos en la recaudación tributaria.
Una variable en la producción petrolera de 50 mil barriles diarios, tendría un impacto de 13 mil 400 millones en los ingresos petroleros; un dólar adicional en el precio del petróleo representa una alteración de 13 mil 400 millones de pesos; y una apreciación o depreciación de 20 centavos en el tipo de cambio significa 9 mil 700 millones de variable presupuestal. El presupuesto está hecho por el presidente López Obrador, contiene su visión y se fundamenta en una percepción muy optimista de la economía de México, el problema es que todo apunta en sentido contrario.