Campeche, México.- Con el argumento de la Presidenta Sheinbaum de acabar con los abusos en la impugnación de los actos de autoridad, el Ejecutivo federal envió al Senado una serie de reformas a la Ley de Amparo.
Las medidas podrían aprobarse esta misma semana en la Cámara alta, pese a críticas de Oposición y especialistas de que los cambios favorecen más al Gobierno federal que a los ciudadanos.
PROPUESTAS
-Se elimina cualquier clase de suspensión para mantener permisos, autorizaciones o concesiones del Gobierno
-Se elimina la suspensión provisional en amparo contra bloqueos de cuentas de la UIF, así como cualquier suspensión cuando requiera información a los bancos
-Ya no se multará a funcionarios que desacatan, sino sólo a dependencias, y cuando éstas lo hagan, se les permite evitar sanciones por desacato a sentencias de amparo, si prueban que es imposible cumplirlas
-Se desecharán impedimentos notoriamente frívolos, presentados para retrasar los asuntos
-Jueces tendrán 60 días para dictar sentencia una vez celebrada la audiencia final
-Se dará preferencia a la tramitación electrónica del juicio, y, para las autoridades, será obligatorio actuar por esta vía
CRÍTICAS
Especialistas consideraron que el principal problema de la reforma son las nuevas prohibiciones y requisitos a jueces para suspender temporalmente los actos gubernamentales, porque mientras se resuelven, es probable se estén violando derechos humanos.
“La ampliación de los supuestos en los que no procede la suspensión es un desacierto. Cada vez que se amplía el catálogo, se crean mayores espacios de arbitrariedad e impunidad”.
Andrés Aguinaco
Litigante
“En términos generales, la reforma a la Ley de Amparo busca anular en gran medida el activismo judicial, en beneficio del poder público y con afectación a los derechos de los ciudadanos”.
Luis Manuel Pérez de Acha
Especialista en derecho fiscal y administrativo
“Ampliar los supuestos de improcedencia de la suspensión puede traducirse en una restricción desproporcionada, ya que impide al quejoso frenar actos que podrían vulnerar irreversiblemente sus derechos fundamentales, antes de que exista una sentencia de fondo”.
Jorge Cruz Ramos
Ex consejero de la Judicatura Federal y Magistrado de circuito recién retirado
LO POSITIVO
Luis Manuel Pérez de Acha, especialista en derecho fiscal y administrativo, consideró como positivo que la reforma impedirá que se retrase el pago de deudas fiscales determinadas por el SAT, que ya fueron confirmadas por todas las instancias judiciales.
“Esto se alinea con otras reformas propuestas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, para que tanto el recurso de revocación ante el SAT, como el juicio de nulidad ante el TFJA, sean totalmente improcedentes cuando los contribuyentes combatan créditos fiscales que hayan sido previamente impugnados y hayan quedado firmes”.
Luis Manuel Pérez de Acha
Especialista en derecho fiscal y administrativo
Jorge Cruz Ramos, ex consejero de la Judicatura Federal y Magistrado de circuito recién retirado, añade que limitar las suspensiones puede reforzar la función preventiva del derecho administraativo sancionador, sin convertir a la suspensión en un escudo para la ilegalidad.
“El reto central será lograr una interpretación conforme de las nuevas fracciones, de manera que su aplicación no suponga un sacrificio desmedido de los derechos fundamentales del quejoso”.
Jorge Cruz Ramos
Ex consejero de la Judicatura Federal y Magistrado de circuito recién retirado