Ciudad de México – El nuevo bloque de mayoría en el Tribunal Electoral federal confirmó que se cometió violencia política en contra Delfina Gómez cuando fue criticada por no participar en debates en la campaña por el Gobierno del Estado de México.
La Sala Superior resolvió una impugnación de la diputada del PRI Melissa Vargas, quien fue señalada por el Tribunal Electoral del Estado de México como responsable de cometer violencia contra la morenista.
La magistrada Janine Otálora presentó un proyecto de sentencia donde planteaba que no se cometió violencia política en razón de género durante una conferencia de prensa ofrecida por la legisladora.
Sin embargo, el nuevo bloque de los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata -quienes presionaron al magistrado Reyes Rodríguez para que renunciara a la presidencia del Tribunal- votaron en contra y confirmaron la sentencia.
El aún presidente del Tribunal argumentó a favor del proyecto, al señalar que se debía tomar en cuenta el contexto político y que la diputada en realidad criticaba los roles del patriarcado cuando cuestionó si la candidata de Morena no tomaba decisiones por sí sola y dejaba que hombres lo hicieran por ella.
También planteó que las valoraciones sobre violencia política se deben calificar de una forma distinta cuando se da entre mujeres.
“A mi juicio, las expresiones denunciadas, analizadas en su contexto, permiten concluir que se trataron de una crítica respecto a ciertos roles que pueden llegar a adoptar tanto los hombres, como las mujeres en una arena que es profundamente patriarcal.
“Una crítica hacia el sistema patriarcal que normaliza que las mujeres tengan obstáculos para poder tomar sus propias decisiones, porque éstas están usualmente influenciadas por hombres”, expuso el magistrado presidente.
Consideró que las palabras de Vargas fueron una “invitación” a que Delfina Gómez no se dejara influenciar por un grupo de hombres y mostrar su capacidad de debatir y, por tanto, de dirigir una entidad federativa.
“En este sentido, considero que se trató de una crítica válida y, por lo tanto, no actualiza violencia política de género”, argumentó.
Sin embargo, la magistrada Mónica Soto, que a partir de la próxima semana asumirá la presidencia del Tribunal, respondió que no era tolerable ningún tipo de violencia, aunque vengan de otras mujeres, y que no se debía mandar el mensaje a éstas de que se “aguanten” porque hay un duro debate político.
Dijo que no se puede admitir que haya una una “provocación aceptable” en el marco de una contienda electoral.
“Yo coincido en que el debate rijoso es importante, la crítica; sin embargo, me parece también fundamental distinguir cuál es la línea que muchas veces parece muy delgada entre lo que es debate rijoso y lo que ya rebasa esta línea de un debate democrático y se va a temas de, o personales o de estereotipos, que van mucho más allá de un debate rijoso”, comentó.
Expuso que una cosa era cuestionar la participación o no en debates a la entonces precandidata de Morena, y otra señalar que no era capaz de tomar decisiones y los hombres lo hacen por ella.
“No comparto la propuesta de la magistrada Otálora, se debe confirmar la sentencia impugnada, ya que correctamente el Tribunal local advirtió que la violencia simbólica se actualiza cuando las expresiones dadas en un contexto electoral buscan perpetuar la idea errónea de la subordinación de una mujer, a partir del empleo de estereotipos que prejuzgan acerca de que aquellas que participan en política no son capaces de tomar sus propias decisiones”, expuso Soto al rechazar el proyecto de Otálora.
Agregó que por ser mujer no hay permiso para violentar a otra.
“Yo estimo que, entre mujeres, por el contrario, tenemos un doble deber de respetarnos, de hacernos respetar y de conducir la política hacia otra forma de hacer política en donde las mujeres sí competimos; en donde las mujeres sí debatimos, pero no, no reproducimos los estereotipos del patriarcado y menos por ser mujeres. En eso yo, respetuosamente, no coincido con el planteamiento del presidente”.
También respondió a Janine Otálora de que en ningún modo se trataba de un debate rijoso y que más vale rechazar la violencia que tolerarla.
Felipe Fuentes apoyó la resolución del Tribunal del Estado de México y la posición de Soto.
Recordó que la diputada dijo que Delfina Gómez decidió esconderse, no dialogar, no dar la cara y que dependía de las decisiones políticas de “un grupo de hombres” para poder hablar o no, que no tenía autonomía ni capacidad para tomar decisiones propias.
Se pronunció por disuadir ese tipo de conductas: “No debemos incentivar la participación con un impacto negativo en la imagen de precandidatas y candidatas al sugerir que no es capaz una mujer de tomar sus propias decisiones por su calidad de mujer, pues para ello se dice en estas expresiones que requiere necesariamente la aprobación de los hombres”.
Felipe de la Mata expuso que en ocasiones puede haber dudas sobre si hubo violencia política en razón de género, pero que en este caso no la había.
“Yo en este caso no tengo dudas”, aseguró.
Otalora, al defender su proyecto, insistió que la diputada Vargas lanzó críticas hacia una precandidata vinculadas con su disponibilidad para participar en un debate, dentro del proceso electoral en el que se evalúan, justamente, por parte de la ciudadanía, las capacidades y aptitudes de quienes aspiran a ocupar una gubernatura, así como la forma y las personas que intervienen en la toma de sus decisiones.
En su opinión, tales expresiones no buscaban menoscabar o anular los derechos de Delfina Gómez, sino que “constituyen una provocación aceptable en el marco de una contienda electoral”.
Agregó que, incluso, al señalar violencia política se traduciría en aceptar que la precandidata por sí misma no es capaz de enfrentar tales señalamientos. Recordó que la Sala Superior, siguiendo criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que en lo que atañe al debate político el ejercicio de las libertades de expresión e información ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en estas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática.
Finalmente, el proyecto se modificó ratificando la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México sobre la responsabilidad de la legisladora Vargas de violencia política en razón de género contra Delfina Gómez.