Ciudad de México – Durante meses, las tensiones han ido aumentando en México debido a los amplios planes del presidente para reformar el poder judicial, sacudiendo el sistema político del país y tensionando las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
Esta semana, esas tensiones estallaron abiertamente.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que su gobierno estaba “poniendo en pausa” las relaciones con la embajada de Estados Unidos en respuesta a las críticas del embajador estadounidense sobre el impulso del presidente en las últimas semanas de su mandato de seis años para realizar cambios en el poder judicial, lo que podría forzar la salida de miles de jueces de sus cargos.
“Esperemos que haya una declaración de su parte de que van a ser respetuosos de la independencia de México”, dijo López Obrador en referencia a Estados Unidos durante su conferencia de prensa diaria. “Mientras eso no suceda y sigan con esa política, entonces hay una pausa con la Embajada”.
“’Pausa’ significa que vamos a tomarnos un respiro”, añadió, señalando que también se extendería al Departamento de Estado de Estados Unidos. Sin embargo, López Obrador afirmó que las relaciones en general no se verían afectadas, buscando disipar las preocupaciones sobre un posible impacto en el comercio. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, y existen crecientes preocupaciones y advertencias sobre el efecto de las reformas judiciales en la confianza empresarial y la economía.
López Obrador también anunció una pausa en las relaciones con la embajada de Canadá después de que su embajador, Graeme Clark, transmitiera las preocupaciones de los inversionistas canadienses sobre la reforma judicial.
No estaba claro qué significaría en términos prácticos dicha pausa con el Departamento de Estado y las embajadas. López Obrador no especificó cómo se llevaría a cabo la pausa. Pero el martes por la tarde, la ministra de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena Ibarra, dijo en las redes sociales que la relación “con nuestros amigos y vecinos de América del Norte es una prioridad y fundamental, y en el día a día se mantiene fluida y normal”.
Las causas de la tensión
Las declaraciones del presidente se produjeron después de los comentarios realizados la semana pasada por Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, quien calificó los cambios judiciales propuestos, que incluyen la elección de jueces por voto popular, como “un gran riesgo para el funcionamiento de la democracia en México”.
Salazar afirmó que las medidas podrían amenazar la relación comercial de México con Estados Unidos al erosionar la confianza en el marco legal de México y alentar a los cárteles de drogas a “aprovecharse de jueces políticamente motivados e inexpertos”.
La crítica fue un cambio radical con respecto a su enfoque largo tiempo conciliador hacia sus relaciones con López Obrador. La administración de Biden, que necesita la cooperación de México para controlar los flujos migratorios, rara vez ha criticado a López Obrador, y mucho menos lo ha hecho públicamente, y López Obrador ha pedido a Estados Unidos que deje los asuntos internos de México en manos de los mexicanos.
En un comunicado emitido el martes por la tarde, la embajada de Estados Unidos afirmó su “máximo respeto por la soberanía de México” y su “deseo de continuar su estrecha colaboración con México”, pero expresó que tenía “preocupaciones significativas de que la elección popular de jueces no abordaría la corrupción judicial ni fortalecería el poder judicial”.
Claudia Sheinbaum, la presidenta electa y protegida de López Obrador, ha abrazado plenamente la iniciativa judicial del presidente.
“Existe esta idea de que con la reforma judicial se pierde la independencia y autonomía del poder judicial”, dijo a los periodistas el lunes. “Es al revés”.
En manos de nuevos legisladores
El recién electo Congreso de México podría comenzar a votar la próxima semana sobre los cambios propuestos por López Obrador. Si se aprueban, cambiarían el sistema judicial de uno basado en formación especializada y cualificaciones a uno en el que casi cualquier persona con un título en derecho y unos años de experiencia podría postularse en elecciones para convertirse en juez.
La medida podría obligar a más de 5 mil jueces, desde la Suprema Corte hasta los tribunales de distrito locales, a dejar sus trabajos.
Miles de jueces federales y trabajadores de los tribunales ya se han unido a huelgas a nivel nacional. El domingo, los manifestantes salieron a las calles en más de 20 ciudades mexicanas con la esperanza de llamar la atención sobre lo que llamaron un ataque contra el poder judicial.
Los intentos de debilitar los tribunales han sido vistos durante mucho tiempo como una señal de que la democracia de un país está en peligro. Una vez que la independencia judicial recibe un golpe, dicen los expertos, los países pueden deslizarse rápidamente hacia la autocracia. En Polonia y Hungría, las represiones contra los tribunales han facilitado que los líderes consoliden el poder. Más recientemente, el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel enfrentó protestas masivas cuando intentó prohibir a los jueces anular decisiones gubernamentales. (El esfuerzo fue rechazado por la Suprema Corte de Israel a principios de este año).
López Obrador dice que la reforma es necesaria para prevenir la corrupción y las sentencias que permiten que los narcotraficantes queden en libertad. Aunque su mandato termina en octubre, el nuevo Congreso —donde el partido gobernante, Morena, y sus aliados han asegurado grandes mayorías en ambas cámaras— tiene una ventana de un mes mientras López Obrador aún esté en el cargo para aprobar docenas de cambios constitucionales propuestos, incluido el plan del presidente para elegir jueces y magistrados por voto popular.
Cambiar la forma en que se seleccionan jueces y magistrados, según López Obrador, eliminaría la corrupción del poder judicial y garantizaría que todos, no solo los ricos, tengan acceso a la justicia. Y —como él mismo ha dicho— permitiría que los planes de su gobierno, como transferir la Guardia Nacional del control civil al militar, no fueran impugnados por la Suprema Corte de México.
“El poder judicial es un caso perdido, está podrido”, dijo en mayo del año pasado, cuando presentó por primera vez sus ideas para una reforma. “Está completamente al servicio del bloque conservador”, dijo, refiriéndose a sus oponentes.
Pero otros, citando la avalancha de ataques del presidente a los jueces que han fallado en contra de algunos de sus planes, dicen que las medidas equivalen a un pretexto apenas velado para erosionar la independencia judicial y aumentar el poder del movimiento político nacionalista de López Obrador.
“Tienen la intención de desaparecernos como institución”, dijo José Fernando Miguez, portavoz de los trabajadores en huelga y empleado de un tribunal en la Ciudad de México. “Tienen la intención de desaparecer a personas que han pasado toda su vida trabajando como jueces y magistrados con amplia experiencia”.