Ciudad de México – Luego de que el Ejecutivo presentó una serie de 20 reformas constitucionales, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) resaltó que ocho ponen en riesgo la competitividad del país.
Mediante un análisis, el Imco indicó que las reformas no sólo son ambiciosas en su alcance, sino que, de llevarse a cabo, demandarían cambios institucionales profundos, incluida una reforma fiscal que permitiera financiar -especialmente- la modificación al sistema de pensiones.
Respecto a la reforma en materia de pensiones, el Imco destacó que es una propuesta fiscalmente cuestionable, ya que, para garantizar su sostenibilidad, una reforma en la materia demanda la implementación de políticas públicas fiscalmente responsables, progresivas y con una perspectiva de género que incrementen el número de personas adultas mayores que acceden a una pensión, así como sus montos.
“En caso de ser aprobada, una reforma de esta naturaleza responsabilizará al Estado mexicano de un pasivo que se incrementará a medida que aumente la población de 65 años y más en el país, la cual se prevé que se duplique en los siguientes 26 años, de 11.4 millones en 2024 a 24.9 millones en 2050”, resaltó.
En cuanto a la reforma al salario mínimo, el organismo indicó que la evolución del salario mínimo es, además de un asunto social y personal para los trabajadores, un tema económico, por lo que es importante considerar siempre el contexto en que se modifica.
“En caso de ser aprobada, la reforma requerirá de una implementación balanceada, en la que los incrementos tomen en cuenta -además de la inflación- factores como el crecimiento económico, productividad, evolución del salario medio y los costos de operación de los empleadores. De lo contrario, pueden representar un incentivo para la informalidad”, advirtió.
En la reforma para garantizar la educación y el empleo, señaló que la apuesta por los jóvenes busca elevar a rango constitucional el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
“Este cambio legislativo pondría una presión adicional en las finanzas públicas del país sin tener información sobre cuántos jóvenes que recibieron la capacitación han logrado incorporarse al mercado laboral formal. Es decir, se seguirán destinando recursos públicos a un programa cuya efectividad para contribuir a la inclusión laboral de los jóvenes no ha sido medida ni comprobada”, afirmó.
En cuanto a la desaparición de órganos autónomos, el Imco dijo que la iniciativa plantea el traspaso de las funciones de estos organismos a dependencias de la Administración Pública Federal.
“La transferencia de funciones de los organismos autónomos reguladores en materia de competencia y telecomunicaciones constituye una violación al T-MEC. En el caso de la CRE y la CNH, la reforma implicaría una concentración de funciones especializadas de regulación en una secretaría de Estado, cuya imparcialidad sería cuestionable”, apuntó.
En la reforma al Poder Judicial advirtió que los cambios pondrían en riesgo la independencia del Poder Judicial, dado que la elección popular implicaría la politización de procesos que deben regirse por criterios técnicos y objetivos.
“Una posible intervención directa de los partidos políticos en los perfiles de quienes tienen a su cargo la impartición de justicia tendría graves consecuencias, las cuales se acentúan en un contexto de alta impunidad como el que atraviesa México actualmente”, destacó.
Para la reforma electoral, el Imco expuso que implicaría un cambio sustancial a la estructura, reglas y principios que rigen el sistema electoral mexicano, por lo que, si la reforma es coherente con los retos institucionales que enfrenta el INE en la organización de elecciones locales, los otros elementos de la reforma representan riesgos para la democracia del país.
En cuanto a las reformas en materia de energía y agua, señaló que el acceso a insumos básicos para las actividades personales y económicas es un asunto de suma importancia para el país.
“En un contexto de gestión deficiente del agua y un entorno nuevo y cambiante por el cambio climático, y en el que se carece de un avance decidido en la construcción y operación de infraestructura eléctrica que conduzca hacia la transición energética, se requieren políticas públicas que permitan un acceso a insumos básicos que sea seguro, eficiente, limpio y fiscalmente responsable”, subrayó.
Por último, el Imco expuso que las reformas enviarían un mensaje de incertidumbre jurídica que no solo se limitaría a las inversiones directamente afectadas, sino que se reflejaría en toda la economía nacional como un mensaje de que el Estado mexicano no tiene un compromiso creíble con el Estado de Derecho.