Un ex estado de derecho

Por Gilberto Miranda Chávez.

Analista

De acuerdo con el informe emitido el 3 de agosto del 2004, por parte del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, acerca del estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, se define al estado de derecho como: “un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”.

Para que un estado de derecho funcione correctamente, debe reducirse al mínimo la discreción con la que actúan los órganos ejecutivos dotados de un poder coercitivo, es decir que ante el monopolio del uso de la fuerza es imperante exponer a quienes la aplican con el objetivo de que estos no alteren ni paralicen los medios a través de los cuales los ciudadanos pretenden alcanzar sus fines. Las normas establecidas en un estado de derecho no deben pensarse para dirigirse hacia individuos particulares, deben ser pensadas como instrumentos que faciliten la consecución de los fines deseados por los ciudadanos, utilizando medios legítimos, sin intentar prever si esas normas favorecerán o perjudicarán a individuos particulares en una determinada situación.

Quienes promueven una ley hasta su implementación, cometen el grave error de pensar en el grupo al cuál se dirige esa ley tanto para beneficio como para perjuicio, pero además, con un enorme grado de soberbia, prevén el comportamiento de los ciudadanos que intentarán estar dentro de lo que indica esa ley, en primer lugar, o incluso, en segundo lugar, de quienes la pasarán por alto. La honestidad de una ley favorece para que sea utilizada en pro del bienestar de los ciudadanos en los cuales no se pensó y bajo circunstancias en las cuales ninguna consecuencia fue planeada, pues una ley decente no permite prever por quién y de qué manera será usada.

Solo existen dos vías para la actuación de un gobierno: el intervencionismo y el liberalismo. El primero, el intervencionismo, es el más utilizado por los gobiernos autoritarios e incluso por aquellos que presumen la democracia, pues inclusive en una democracia, la naturaleza de un gobierno, es intervenir y toda intervención es tardía debido al dinamismo social, lo que provoca que una mala intervención genere otra peor. Opuesto al intervencionismo, se encuentra el liberalismo, definido como el respeto absoluto por el proyecto de vida del prójimo; es decir, en una sociedad liberal, se respeta la actuación individual y solo se aplica la fuerza de la ley en respuesta a una agresión. No existe una tercera vía, no existe un punto intermedio, porque los gobiernos que se posicionan en el centro, entre el intervencionismo y el liberalismo, antes o después tienden a intervenir de manera agresiva argumentando la necesidad de más paz y seguridad social.

Los ciudadanos se ven imposibilitados para actuar de la mejor manera posible y planificar cuáles  medios van a utilizar para alcanzar sus fines, debido a que el Estado no se limita en la formulación de normas dirigidas hacia individuos específicos, vulnerando así sus derechos. Cada individuo, al elegir sus medios para alcanzar sus fines, tiene también la capacidad de prever las leyes que debe cumplir dentro de lo que se considera como parte del buen funcionamiento social. Sin embargo, el Estado es quien primeramente incumple las normas y las aplica a determinadas circunstancias e individuos, de forma imprevisible, generando caos en la ciudadanía. Los actos del Estado deben imperantemente regirse por normas fijas, no de acuerdo con las personas y las circunstancias, pues de ser así se vulnera el estado de derecho. Lo importante del estado de derecho, es que todas las normas sean aplicadas de manera universal y no en un determinado tiempo y lugar ni a un ciudadano en específico. Las normas aplicadas en el estado de derecho deben permitirle a los residentes actuar previendo las consecuencias de su incumplimiento; el problema y la violación al estado de derecho surge cuando el gobierno actúa de manera imprevisible aplicando la ley según quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. Por eso se vulnera continuamente el estado de derecho, por eso los ciudadanos están en constante riesgo, por la imprevisibilidad del gobierno según las circunstancias de individuo, tiempo y lugar.

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