No a la Ley de Proveeduría
Por Gilberto Miranda Chávez.
Analista
La Ley de Proveeduría propuesta por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Ciudad Juárez al Congreso del Estado de Chihuahua, y presentada a diversas autoridades políticas, es completamente absurda, carece de toda lógica y razón, pero además es errónea en dos aspectos, fundamentalmente, en lo económico y en lo moral.
En esencia, esta regulación –como toda regulación, que genera una intervención política–, lo que pretende es controlar el progreso y estimular el desarrollo de los proveedores, pero es que el progreso y el desarrollo por sus naturalezas imprevisibles no pueden ser controlados. En el mundo empresarial –como en la vida–, el progreso y el desarrollo surgen de las interacciones dinámicas y espontáneas, proceso mediante el cual se descubren oportunidades de ganancia que no han sido aprovechadas por los oferentes, y el descubrimiento de esas oportunidades de ganancia incluye la elección de los medios útiles que satisfagan de la manera más perfecta posible tales fines empresariales.
No es correctamente económico ni moral descubrir fines empresariales que, al no encontrar los medios útiles para satisfacerlos, deban ser regulados para que sean satisfechos a través de los medios políticos. Aquel que ofrece tiene que ser capaz, con perspicacia empresarial, de descubrir los fines más deseados empresarialmente que se deben satisfacer con los medios útiles más valorados por los empresarios. Todas las políticas industriales, o empresariales, lo único que hacen es proteger a sectores ineficientes e ineficaces que no encuentran los medios útiles empresariales.
Una regulación ni siquiera es un factor determinante para ejercer funciones empresariales, pero, incluso, es contraproducente debido a que requiere de una intervención política y, la política, que ya de por sí, su naturaleza es intervenir, lo hace siempre de manera coactiva sin considerar las valoraciones y la información cambiante que obtienen los empresarios en el proceso de mercado, que es de lo que los políticos carecen para darle sentido a sus decisiones.
El error económico consiste en pensar que la Ley de Proveeduría, puede solucionar los vicios y defectos de la estructura productiva de la ciudad –del Estado o del país–Para que puedan existir proveedores, la sociedad debe disminuir su preferencia temporal, es decir que la sociedad debe valorar menos el presente con respecto al futuro, o, dicho de otra manera, la sociedad debe restringir el consumo presente para generar ahorro futuro que, a mediano y a largo plazo, sea capaz de dar sustento a la inversión.
Y eso solo se logra consumiendo en el tiempo presente menos de lo que se produce, ¿Pero qué sector es el encargado de estimular mayormente el consumo para dar una sensación de bienestar? La política, que se encarga de estimular el consumo presente por encima de los niveles de producción, y eso es una señal hacia las empresas, entonces, de que no deben ser empresas proveedoras de bienes intermedios sino empresas oferentes de bienes de consumo, trasladando los recursos para producir bienes intermedios hacia la producción de bienes de consumo y, por consecuencia, al alentar el consumo suben los precios de los bienes de consumo, los salarios reales disminuyen y se pierde la capacidad de ahorro.
Prácticamente todos los negocios locales en la ciudad, no se enfocan en la producción de bienes intermedios, sino que son negocios en los que los productos y servicios que ofrecen están próximos al consumo, porque requieren de ganancias inmediatas, debido a que no tienen capacidad de ahorro. Los proveedores o productores de bienes intermedios son parte de estructuras de producción extensas y complejas, que pueden postergar sus ganancias y reconvertir sus procesos productivos para adaptarse a las demandas de las empresas a las que proveen.
El error moral, consiste en pensar que vale la pena favorecer a un sector productivo más que a otro. ¿Quién decide eso? Cualquier intervención de la política a favor de un sector productivo pone en desventaja a otro. ¿Por qué se deben beneficiar a los proveedores industriales y no a las tejedoras de bufandas? Si se ofrecen facilidades, incentivos o subvenciones, se detraerían recursos de un sector en favor de otro. ¿Y si se benefician a los proveedores industriales, a cuáles se beneficiaría? Porque puede suceder que con los impuestos de la empresa A se le otorguen facilidades, incentivos o subvenciones a la empresa B, que es su competencia directa.
Considerando que los recursos son siempre escasos, las regulaciones inducen al error de trasladar recursos de sectores productivos a otros que no lo son, pero que parecen serlo debido a la intervención política. En los últimos años, muchas personas, han difundido ideas erróneas acerca del progreso y del desarrollo, han pedido que se baje la tasa de interés y han pedido que se otorguen créditos a las micropymes, ambos errores; han construido centros de emprendimiento y centros de inteligencia artificial, y nada bueno sale de ahí. Cuando es con dinero privado el mercado se encarga de indicarle al empresario que cometió un error empresarial. Pero cuando es con dinero público, ¿Quién paga el error de esa intervención?