El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco.
La consulta del 1 de agosto: Una prueba de lealtad
Una de las propuestas en campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, fue llevar a juicio a los ex presidentes de este país, particularmente a su némesis, Felipe Calderón Hinojosa, su propuesta parecía tener sentido hace tres años, cuando más de 30 millones de mexicanos le dieron el voto y en el ambiente se respiraba una intención de castigo para gobernantes del pasado.
Originalmente el presidente proponía que esa consulta se realizara a la par con la elección federal del pasado 6 de junio, pero los partidos políticos advirtieron que eso era una trampa y la pospusieron para el 1 de agosto del 2021.
La consulta se considera una especie de referéndum e implica darle o no la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a si la corrupción del pasado fue tan escandalosa que derivó un agravio que los mexicanos ahora quieren que se les resarza.
Luego de una reunión con los gobernadores electos de Morena a fines de la semana pasada, uno de los puntos que el Presidente les pidió impulsar en las entidades que van a gobernar, sea el de incentivar la participación de los ciudadanos en la consulta y con ello tener a su disposición la voluntad popular para iniciar una cacería contra los ex presidentes de México, particularmente aquellos que le caen mal a López Obrador.
En términos llanos se debe enjuiciar a cualquier ex presidente de la República cuando se tengan las pruebas para ello; no es necesaria una consulta. Si la corrupción durante los gobiernos de Peña, Calderón, Fox, Zedillo, por mencionar los cuatro anteriores, fue tan evidente y generó un perjuicio al país, deben existir pruebas suficientes para llevarlos a la Corte e iniciarles un proceso sin necesidad de consulta.
La consulta popular del 1 de agosto presenta tres problemas para los ciudadanos: de presupuesto, de vinculación y la pregunta.
Originalmente el INE solicitó 1,500 millones de pesos para instalar 163 mil mesas receptoras de votos, la intención era acercar lo más posible al ciudadano las casillas para que acudieran a votar, pero la Cámara de Diputadas se los negó. Posteriormente le pidió a la Secretaría de Hacienda un presupuesto de 890 millones de pesos para instalar 101 mil mesas receptoras, pero también se los negaron.
Al final se habla de la posibilidad de instalar entre 50 mil a 59 mil mesas receptoras, cuyo costo de instalación por cada una es de 8 mil pesos y con ello el presupuesto rebasaría los 500 millones de pesos, pero limita a casi un tercio de mesas de la propuesta original y con ello aleja los centros de votación de los ciudadanos.
Los ciudadanos no acuden a votar con los centros receptores cerca, menos cuando están alejados y desconocen su ubicación o son tan pocos que ejercer su derecho de sufragar representa largas colas e inversión de tiempo.
En el aspecto de la vinculación también hay aspectos que deben destacarse. Para que el Estado pueda tomar acciones a fin de obedecer el mandato popular expresado en la consulta, lo cual le daría lo vinculante, se requiere la participación del 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
El padrón electoral tiene inscritos un total de 93 millones de ciudadanos, todos ellos pueden participar para opinar, pero para que el Gobierno esté obligado a acatar el mandato deben participar cuando menos 37.5 millones de mexicanos, si la participación es menor todo lo realizado será un gasto inútil.
Viene ahora el tercer aspecto, la pregunta que deberán responder los ciudadanos con un Sí o un No y cuya redacción es producto de la Suprema Corte de Justicia y tiene la aprobación del Congreso de la Unión.
La boleta que se le presentará a los ciudadanos dirá: “¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
La redacción no solamente es ambigua, también excluye la condicionante de juicio político pues establece claramente que las acciones deben llevarse a cabo con apego al “marco constitucional y legal” y habla de un proceso de “esclarecimiento de las decisiones políticas” lo cual puede tener cualquier tipo de interpretación. Desde la oposición hay un llamado para ignorar la consulta y con ello negarle al Presidente la venia popular de utilizar el tema como ariete político; desde la Presidencia de la República hay también una instrucción claro a los gobernadores electos de darle apoyo e impulso, será para ellos la primera prueba de lealtad.