“Vamos a cepillar al equipo conservador, a los fifís”
Presidente López Obrador
Del primero de diciembre de 2018 a la fecha se cuentan cien días. En ese acontecer hemos atestiguado distintos cambios en los integrantes que forman parte de los poderes en nuestro país (refiérase el presidente de la república, miembros de las cámaras de diputados y de senadores, magistrados, secretarios de estado e integrantes del gabinete, entre otros).
Un balance general de las actuaciones, declaraciones y acciones emprendidas o protagonizadas por los diversos actores clave de la esfera gubernamental, sugiere presentar evaluaciones considerando no solo la percepción de la población, sino también aquellas que realizan las empresas calificadoras de riesgo.
¿Qué son las calificadoras de riesgo?
Son empresas privadas que cuentan con más de 150 años de existencia, desde luego operan desde los Estados Unidos y tienen representación en más de cien países. De manera general se encargan de ofrecer “análisis objetivos y evaluaciones independientes que permiten a los inversores o instituciones conocer si los emisores [de bonos] podrán cumplir con sus obligaciones en relación con dichos valores.” (Manrique, 2016)
La historia de dichas instituciones de evaluación crediticia se remonta a la segunda mitad del siglo XIX en los Estados Unidos. Estas calificadoras de créditos surgieron junto al tendido de vías férreas en Norteamérica, de la mano de la Segunda Revolución Industrial.
Desde luego que empresas como Standard and Poors, Fitch y Moody´s, están vinculadas con los poderes fácticos del capitalismo mundial. Es el caso que la noticia de que MORENA tenía previsto “presentar una propuesta para revocar los permisos de operación a las calificadoras de riesgos de inversión” (La Jornada, 2019) fue replicada de inmediato en medios como RT y Sputnik, de origen ruso.
¿Por qué el presidente no secundó la propuesta del vocero y senador morenista?
Aunque congruente con la visión determinista y totalitaria, acostumbrada a descalificar y a perseguir políticamente a quienes no piensan igual que ellos, la propuesta no encontró eco en la presidencia. Tal parece que hasta la política de ataque contra “lo fifí” tiene sus límites cuando se trata de instancias privadas internacionales.
De haber sido el representante de una empresa mexicana o un organismo autónomo quien hubiese hecho el señalamiento, ya le estarían investigando desde la Unidad de Inteligencia Financiera u obligado a renunciar “por conflictos de intereses”.
Lo cierto es que la realidad económica del orbe funciona a través de inversiones extranjeras. Los gobiernos usualmente emiten bonos de deuda que son adquiridos por “tenedores internacionales” y por los cuales se obtiene liquidez para realizar obras como aeropuertos, trenes mayas y dos refinerías.
Los gobiernos de los países solos no pueden hacer frente al resto del mundo: observemos el lamentable caso del gobierno venezolano que está calificado con una “CCC-: vulnerable a la falta de pago…el deudor no tiene la capacidad para cumplir con su compromiso financiero sobre la obligación” (S&P Global, 2019).
¿Y ahora qué va a pasar?
El hecho de que “Standard and Poors” actualizará su observación sobre PEMEX con una calificación de “BBB-” es un llamado de atención grave para este gobierno puesto que advierte que condiciones económicas adversas pudieran “debilitar la capacidad del deudor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación” (S&P Global, 2019).
La misma calificación va acompañada de una nota que cambió de “Estable” a “Negativa” y por si no fuera suficiente, otra paraestatal obtuvo exactamente las mismas observaciones: la Comisión Federal de Electricidad (S&P Global, 2019).
Desde el día uno en que tomó posesión como Presidente, López Obrador ha seguido en campaña, tal parece que no ha valorado la opción de dedicarse a gobernar. Su intento grotesco de ser el superhéroe que combate la corrupción, no ha sido suficiente para ofrecer certeza a los mercados.
Al parecer, hasta ahora le cae el veinte a la “Cuarta Transformación” de que su agenda no solo consiste ni se trata exclusivamente de “combatir la corrupción”. Es necesario que las acciones de gobierno en materia económica consideren el papel de México en el mundo y la necesidad de garantizar un buen desempeño de nuestras empresas públicas.
Todo parece indicar que alguien ya se dio cuenta que administrar un país no es su fuerte. No solo lo digo yo, lo dicen las calificadoras de riesgos financieros extranjeras e independientes que no tienen mayor interés, más que el de “proteger el patrimonio de los inversionistas internacionales” (Fitch, 2019).
Lamentablemente MORENA tuvo un gran afán por lucirse con la cancelación del aeropuerto y otros proyectos de modernización del país. Además de la insistencia de poner a los amigos en los cargos públicos, aún cuando estos no cuentan con la más mínima experiencia.
Ambos factores sin duda alguna, nos están afectando en la calificación de riesgo financiero. Urge que apliquen seriedad a este gobierno por el bien de todos y todas.
Carlos Iván González Ibarra
Periodista e Historiador