En los primeros minutos del pasado sábado seis de abril le fue arrebatada su vida a la estudiante universitaria Dana Lizeth, que en paz descanse. Las reacciones de los tres órdenes de gobierno tras el artero crimen, han sido variadas y en algunos casos discordantes.
Desde mi ámbito profesional, como docente, me duele mucho lo ocurrido y me obliga a reflexionar en algo que he pensado desde hace ya algunos años ¿puede el sistema educativo de nivel básico y medio superior agregar contenidos que prevengan y erradiquen la violencia feminicida en la región?.
La pregunta resuena hondo en una ciudad que adolece de constantes feminicidios desde hace al menos 25 años -más de un cuarto de siglo- aún hoy seguimos intentado buscar el hilo negro que resuelva los crímenes en contra de mujeres, sin pensar en la obligada y necesaria prevención.
Revisemos los antecedentes: nuestra ciudad es un punto de tránsito de la droga que surte al mercado norteamericano y, lo que es más, cada día crece el número de consumidores locales, lo que se hace evidente en las rencillas entre grupos antagónicos del crimen organizado, que han causado la muerte de miles de juarenses a lo largo de la última década.
Por supuesto, quienes controlan el narcotráfico extienden sus redes hacia el tráfico de migrantes, la trata de personas con fines de explotación sexual, los asaltos en casa-habitación y las extorsiones a negocios.
Así las cosas, podemos asegurar que la violencia es y ha sido inherente a la región a lo largo de su historia reciente. Es un hecho que nunca habrá en Ciudad Juárez completa tranquilidad y paz. Lo que sí podemos prevenir es que la violencia generalizada sea caldo de cultivo para que sigan ocurriendo crímenes de naturaleza aberrante.
Por todo lo anterior es que se hace necesario el diseño de estrategias que desde los ámbitos familiares y de formación académica aborden, prevengan y ayuden a erradicar la violencia de género.
Desde un enfoque sistémico podemos asegurar que todas las partes están conectadas entre sí, de tal forma que todos somos conjuntamente responsables de garantizar una convivencia en paz y armónica entre las y los juarenses, como de cualquier persona en tránsito por esta localidad.
La propuesta es tan sencilla como ardua: así como en las escuelas de nivel básico y medio superior se enseñan Seminarios de Cocina, Cultura Regional y Clubes de Derechos Humanos, en ese mismo sentido, debiesen integrarse de manera obligatoria o extra-curricular contenidos que aborden la Prevención de la Violencia Feminicida, la Perspectiva de Género y la Educación para la Paz.
La respuesta de las autoridades hasta el día de hoy ha sido exclusivamente bajo la lógica del bombero que apaga incendios, actuando de manera coyuntural ante tan grave situación, aunque exigiendo a otros poderes e instancias resolver errores y omisiones que “personas clave” han desdeñado.
Revisemos las reacciones:
1.- Ante el asesinato de la estudiante de la Licenciatura en Literatura, el rector de la UACJ actuó de manera expedita, humana y ética, permitiendo un paro de labores activo y reconociendo la gravedad de los hechos. Sumarse al dolor de la comunidad universitaria es algo que jamás ocurrió en la anterior administración; donde lamentablemente una víctima de desaparición fue Mónica Alanís.
2.- La autoridad municipal asumió y ha asumido hasta ahora su responsabilidad ante tan lamentable hecho, cualquier otro hubiese preferido culpar a la autoridad estatal y permanecer inmune, pero no, se han aplicado medidas de prevención para la comunidad universitaria con la inmediatez requerida.
3.- La autoridad estatal ha hecho su trabajo en investigar y ofrecer justicia integral y expedita a la víctima y a sus familiares. No hay duda que procede reconocer el buen trabajo realizado por la Fiscalía General de la Zona Norte.
4.- El gobierno federal ha sido el único que ha omitido responder a su obligación compartida, lo que es más, el delegado federal en Chihuahua solo atinó a exigir a “las autoridades investigadoras y de procuración de justicia” que trabajen para resolver el “cobarde crimen”.
Al “súper delegado” se le olvida que como autoridad es juntamente responsable de la seguridad de todos. Desconoce quizás que la autoridad federal cuenta con la “Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas” (FEVIMTRA), organismo especializado en la atención de violencia en contra de las mujeres y que depende de la ahora Fiscalía General de la República.
La oficina en la que se ubica FEVIMTRA en Ciudad Juárez está en el abandono y se encuentra ubicada a menos de un kilómetro de distancia de donde ocurrió el artero crimen en contra de la joven estudiante universitaria.
La instancia federal que debiese coadyuvar en las investigaciones está cerrada, oculta y en el abandono. Igualmente cerrada, oculta y en el abandono está la justicia del Estado mexicano para las mujeres que habitan en esta frontera.
El funcionario que hoy se escuda en el fuero común, tiene la obligación moral y legal en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de “vigilar el respeto a los derechos y libertades de las mujeres, en especial a garantizar el derecho a una vida libre de violencia”.
Es también obligación del Estado mexicano erradicar la violencia en contra de las mujeres, como integrante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
La labor de Loera De la Rosa, no consiste solamente en exigir “a las autoridades enfocadas en la prevención a que se redoble la vigilancia en los corredores universitarios” sino en hacer todo lo que esté a su alcance para resolver una problemática que nos lastima a todas y todos.
La violencia contra las mujeres puede llegar a su desaparición, muerte, tortura, violación, explotación; y no son asuntos menores. Deben tomarse de manera urgente, medidas para prevenir y erradicar estos actos de violencia en contra de las mujeres en todo el país. El gobierno federal es tan responsable como cualquier otro.
Para atender la situación puede empezar diseñando programas educativos que prevengan la violencia feminicida, integren la perspectiva de género y eduquen para la paz. Todo ello acompañado de estrategias de seguridad pública que garanticen no solo el combate al narcotráfico sino la atención a los delitos relacionados con el crimen organizado, incluida la violencia feminicida y la trata de personas.
Ya basta de exigir sin ofrecer nada a cambio.
Carlos Iván González Ibarra.
Periodista e Historiador