El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco.
Balcanizar México
Muchos recuerdan la historia de Yugoslavia, un país unido bajo el fiero control de un dictadorzuelo comunista, Josip Broz “Tito”, cuya muerte fue coincidente con el desmoronamiento de la antigua Unión Soviética y derivó en la guerra de Los Balcanes, lo cual terminó por desintegrar aquel país en un buen número de repúblicas autónomas con el correspondiente derramamiento de sangre.
Con las debidas proporciones guardadas, en México se avecina una balcanización que deriva de la cerrazón del gobierno federal por brindar mayores recursos a los estados y apoyar la planta productiva en algunas entidades.
Primero fue Tamaulipas donde los empresarios, con el apoyo de las cámaras de comercio, determinaron realizar una huelga de pagos de impuestos como medida de presión al Gobierno Federal por los nulos apoyos otorgados para sortear la cuarentena por el Covid-19.
Al acto de rebeldía empresarial se sumaron varios gobernadores quienes señalan que ante la falta de apoyo del Gobierno Federal a sus estados, lo mejor es abandonar el pacto federal.
Los gobernadores de Coahuila, Miguel Riquelme Solís; Durango, José Rosas Aispuro Torres; Chihuahua, Javier Corral Jurado, Jalisco, Enrique Alfaro; Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo; Nuevo León, Jaime “El Bronco” Rodríguez Calderón y Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, son los que han manifestado lo injusto que resulta para sus entidades formar parte del Pacto Federal.
El llamado Pacto Federal, establecido principalmente en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce como un acuerdo de igualdad, con ellos las entidades obtienen su soberanía al tiempo que reconocen a un gobierno federal de la República como representante.
En materia de presupuestos, la Ley de Coordinación Fiscal es el mecanismo jurídico con el cual se integra, desde el Gobierno Federal, un gasto público y este llega a estados y municipios por la vía de las participaciones y asignaciones.
El grave problema del Pacto Federal es lo inequitativo en la distribución de recursos; de casa peso que se recauda a los gobiernos estatales se les regresan 17 centavos, 7 centavos a los municipales y el resto se lo queda el gobierno federal.
No es nuevo que algunos gobernadores en algún momento particular amagaran con abandonar el Pacto Federal, lo insólito de ahora es que sean varios al unísono quienes pretendan salirse.
La visión centralista y concentradora del dinero público –bajo el argumento de que se lo roban– del presidente Andrés Manuel López Obrador lo llevó a negarse a entregar apoyos a empresas y a los sistemas estatales de salud de los gobiernos para contener el problema económico y humanitario del Covid-19.
En contraparte, la Presidencia de la República se mantuvo en su estrategia de que el presupuesto debe destinarse a entregar dinero a través de sus programas asistenciales y se sostuvo en los recursos presupuestales asignados a las tres grandes obras de infraestructura de este sexenio: Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de “Dos Bocas” y el Tren Maya.
Pero no solamente eso, también anunció un nuevo recorte del 8 por ciento en las participaciones que se entregan a los gobiernos estatales y eso fue la gota que derramó el vaso.
A los gobernadores, sobre todo a los que son de algún partido opositor, no les causó la menor gracia que además de negarles recursos especiales para atender el problema del Covid-19 en todas sus aristas y tampoco se les dejara operar para comprar insumos médicos; les molestó la forma tan dubitativa con la que actuó el Gobierno Federal ante la pandemia y que, una vez ya presentes los casos, no fuera empático en acciones coordinadas con los estados; pero además resultó grotesco para algunos Gobernadores la negativa a cancelar el reparto de dinero o alguna de las obras faraónicas para canalizar ese dinero a los más afectados por la crisis de salud y económica.
La actitud concentradora y egoísta del Gobierno Federal llevó a los gobernadores de esas entidades a establecer la necesidad de no seguir más en el pacto federal y como primer paso abandonar la Ley de Coordinación Fiscal.
La apuesta es muy arriesgada. Si bien los gobernadores pueden ocasionar serios problemas al presupuesto federal y quitarle al presidente López Obrador una entrada importante de dinero, también se exponen a juicios políticos de sus Congresos Estatales e incluso a su detención y cárcel.
No se trata de crear una nueva República Mexicana del Norte, en realidad es una férrea pelea por un reparto más justo de los recursos y buscar una fórmula donde los gobiernos estatales tengan un mayor margen de maniobra presupuestal.