Tamaulipas – Agencia Reforma – El Congreso de Tamaulipas, de mayoría panista, aprobó una iniciativa con punto de acuerdo para demandar ante la Fiscalía del Estado y la FGR al juez federal del Estado de México que ordenó ayer girar la orden de aprehensión en contra del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca al considerar que cuenta con fuero y que la soberanía de este Poder ha sido violentada con ello.
La propuesta fue presentada y aprobada con dispensa de trámite en la sesión ordinaria de hoy por el presidente de la mesa directiva, el panista Félix García Aguiar, e incluye a los funcionarios de la Fiscalía General de la República que hayan participado en la acción.
García calificó de indebida la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, la cual fue girada por el juez de distrito especializado en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez.
“Por desplegar acciones en contra de un servidor público sin que se le haya retirado el fuero, se le haya separado del cargo y se haya puesto a disposición de las autoridades correspondientes”, señaló.
“Se está incurriendo en la comisión de hechos con apariencia de delitos contra la administración de justicia, y en el desempeño de funciones judiciales o administrativas previstas y sancionadas en los artículos 225 fracción décimo novena del código penal federal, y 232 fracciones décimo novena del código penal para el estado de Tamaulipas”, agregó.
Tras lo anterior, señaló, es necesario que se emprendan las acciones de investigación penal correspondientes.
“Toda vez que de las consideraciones expuestas se sostiene que el Gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas mantiene su fuero”, afirmó.
El artículo primero del punto de acuerdo, pide a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a cargo de Irving Barrios Mojica, iniciar las carpetas de investigación y los procesos correspondientes, en torno a la solicitud, emisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del Gobernador.
“Segundo, se presente denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los servidores públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, emisión, y en su caso aprobado la ejecución de la orden de aprehensión en contra del Gobernador”, puntualizó.