Ciudad de México – Agencias – La Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero arrastra un rezago en el procesamiento de órdenes de aprehensión.

Desde que su actual titular llegó a la institución –el 19 de enero de 2019– se han iniciado 229 mil 152 carpetas de investigación por diversos delitos federales, pero apenas siete mil 587 han derivado en órdenes de captura de presuntos criminales, es decir, 3.3 por ciento.

Una orden de aprehensión es la solicitud que pide el Ministerio Público a un Juez de Control para la detención de una persona cuando existen datos de prueba suficientes para determinar su probable responsabilidad en un delito, cuando ésta se resiste a comparecer ante la autoridad judicial o cuando se ha sustraído de la acción de la justicia.

Según datos que la dependencia federal entregó en respuesta a una solicitud de información, en 2019 inició 98 mil 285 carpetas de investigación y logró que el Poder Judicial librara tres mil 644 órdenes de aprehensión.

En 2020, segundo año de gestión de Gertz Manero al frente de la FGR, el organismo autónomo inició 78 mil 463 carpetas de investigación, pero sólo dos mil 54 derivaron en órdenes de aprehensión libradas.

Ya para 2021, con cifras preliminares al 30 de agosto, la Fiscalía reportó un total de 52 mil 404 carpetas de investigación iniciadas y mil 889 órdenes de aprehensión autorizadas, se lee en el oficio FGR/UTAG/DG/004997/2021.

La gestión de Gertz Manero ha sido cuestionada por utilizar la agencia investigadora para asuntos personales o en decisiones polémicas como pedir órdenes de aprehensión contra una treintena de destacados científicos acusándolos de delincuencia organizada cuando, por otro lado, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, investigado por cohecho y asociación delictuosa, cenaba tranquilamente en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México.

El caso de Emilio Lozoya, a quien tras el escándalo se le impuso prisión preventiva, confirmó la crisis de procuración de justicia por la que atraviesa la FGR bajo el mandato de Alejandro Gertz y encendió los focos de alerta respecto al “tortuguismo” con el que actúa.

El mandato del actual fiscal general concluye oficialmente en enero de 2028.

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