Ciudad de México – Agencia Reforma — Hacienda está considerando enviar a prisión a los contadores que serán considerados cómplices si no reportan las irregularidades de las empresas que auditan, lo que expertos consideran como un exceso.
En el paquete fiscal para 2022 se plantea el regreso de la figura de dictaminador fiscal obligatorio, con lo cual, a partir de un nivel de ingresos determinado, las empresas deberán contratar a un contador auditor, quien a su vez entregará el resultado de su trabajo al SAT.
Pero se considerarán infracciones, cuando el dictaminador no observe la omisión de contribuciones recaudadas, retenidas, trasladadas o propias del contribuyente.
La medida es excesiva porque en este tipo de auditorías es imposible que los contadores públicos revisen si cada factura fue o no obtenida de manera ilícita o por servicios no pagados realmente, consideró Virginia Ríos, fiscalista y profesora en la Universidad Panamericana.
En las auditorías, aclaró, todos los contadores hacen análisis de determinadas facturas, no de todas.
“Vamos a pensar que un contador no se da cuenta que tiene facturas apócrifas porque un empleado entregó un comprobante falso por un viaje de trabajo. Si el auditor no lo vio, también tendrá responsabilidad”.
El fisco está tratando de que todos tengan mucho más cuidado para fiscalizar, pero el peor escenario es que a los contadores se les acuse de complicidad y sean enviados a prisión desde tres meses hasta nueve años, dependiendo de la gravedad del delito, alertó la fiscalista.