10 de Febrero de 2022
Ciudad de México.- La diputada Rocío Reza Gallegos, presentó una iniciativa de reforma en la Cámara de Diputados para elevar las penas por el delito de abuso sexual contra menores de 15 años de edad. La propuesta fue aprobada con 447 votos a favor, cero en contra, 20 abstenciones y fue turnada al Senado para sus efectos constitucionales.
La legisladora chihuahuense, puntualizó que se propone que la persona que cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de 15 años o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, tenga una penalidad mayor de hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo a la de 6 a 13 años de prisión o cuando el delito se cometa por dos o más persona.
Asimismo, cuando el delito fuera cometido por algún familiar de la víctima, por algún servidor público o por quien abuse de la custodia o confianza en la guarda o educación de los menores. Además, la penalidad del delito se agravará por quien suministre algunas sustancias estupefacientes y psicotrópicas en contra de su voluntad o sin su consentimiento, agregó.
Aclaró que el ajuste normativo tiene objetivos claros y consecuentes con el principio de proporcionalidad de las penas. “Con su aprobación daremos un paso importante en la consolidación de una política de prevención, disuasión consecuente en la materia y de combate a la impunidad.”
Reza Gallegos, expresó que el abuso sexual infantil es un delito que lastima, cala profundamente a las víctimas que lo padecen, pero también genera un sinnúmero de efectos familiares y sociales que deterioran el entorno comunitario.
“Este delito no respeta sexo, condición económica ni estrato social, se ha convertido en un fenómeno muy preocupante por su alta incidencia y se ha disparado de manera alarmante. En los últimos cinco años aumentó en 87 por ciento el delito de abuso sexual en niños y niñas” precisó.
Esa situación, dijo, debe ser un llamado de atención para padres de familia, maestros, autoridades de todos los niveles, medios de comunicación y para las y los legisladores.
“En esta materia, debe haber una coordinación y colaboración entre los gobiernos estatales y federales e incluso incorporar en temas preventivos a las instancias municipales; es preciso que se refuercen todas las acciones y programas inherentes tanto a la prevención como a la investigación y esclarecimiento”.
Añadió que uno de los eslabones más débiles de la cadena es el relativo a la atención a las víctimas y la profundización de la justicia con equidad de género y con enfoque que priorice el interés superior de la niñez. “Hoy se cumple con un deber en el orden de la normatividad. El dictamen llena un vacío importante sobre la posibilidad de agravamiento de las sanciones penales, en caso de que el delito se configure por autoridades federales y cuando se actualicen las hipótesis”, Finalizó.