EFE y AFP – Estados Unidos apoya “instituciones electorales independientes” en todo el mundo y esto también es válido para México, afirmó el portavoz del Departamento de Estado un día después de las protestas contra la reforma electoral impulsada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
“Nosotros, por supuesto, respetamos la soberanía de México (…) un socio igualitario, y creemos que un sistema electoral independiente, bien dotado de recursos, y el respeto de la independencia judicial respaldan una democracia saludable en todo el mundo y, por supuesto, también en México”, dijo Ned Price en la rueda de prensa diaria.
“Instituciones independientes libres de influencia política constituyen una piedra angular de la democracia en todo el mundo”, añadió.
El portavoz afirmó que Washington “está siguiendo muy de cerca los últimos sucesos” relacionados con las reformas electorales de México.
Previamente, el principal encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols dijo que Estados Unidos apoya la existencia de instituciones electorales independientes que tengan recursos para fortalecer los procesos democráticos.
El funcionario estadounidense publicó un mensaje a través de las redes sociales una horas después de que miles de ciudadanos se manifestaran en un centenar de ciudades mexicanas contra la reforma electoral del presidente, Andrés Manuel López Obrador, conocida como el plan B.
“En México hoy vemos un gran debate sobre reformas electorales que ponen a prueba la independencia de instituciones electorales y judiciales”, apuntó Nichols.
Estados Unidos, añadió, “apoya instituciones electorales independientes que tienen recursos para fortalecer los procesos democráticos y el estado de derecho”.
Decenas de miles de mexicanos protestaron el domingo contra una reforma del órgano electoral aprobada en el Congreso que, según sus detractores, va en contra del sistema democrático de cara a las presidenciales de 2024.
La reforma reduce el personal y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), entidad encargada de organizar los comicios y a la que López Obrador acusa de costar mucho dinero a las arcas públicas y de haber tolerado fraudes en el pasado.
A una pregunta de un periodista sobre por qué el secretario de Estado, Antony Blinken, no había reaccionado directamente a la reforma, Price contestó que “está muy centrado en la erosión de la democracia en todo el mundo” y “en los principios que se han visto amenazados en todo el mundo, por lo que a menudo lo expresa en abstracto”.
Pero los valores defendidos en general “están todos en juego en nuestra relación bilateral con México”, agregó.
Posteriormente en un comunicado Price insistió en el apoyo del gobierno estadounidense a instituciones independientes y afirmó que “el gran debate” sobre las reformas electorales “ilustran la democracia dinámica de México”.
“En todo el mundo, hemos sido testigos de desafíos a la democracia que han puesto a prueba y están poniendo a prueba la fortaleza de las instituciones electorales y judiciales independientes”, se lee en la nota que evita criticar directamente a López Obrador.
El viernes, en un comunicado, los presidentes de los comités de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos fueron bastante más directos al estimar que la reforma de la autoridad electoral en el país latinoamericano “pone en peligro el futuro de las instituciones democráticas”.
La relación entre Estados Unidos y México es muy estrecha, sobre todo a nivel comercial y migratorio, ya que ambos países comparten más de 3 mil km de frontera.
En su conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó este lunes la participación ciudadana, pese a ser la más numerosa que ha habido contra una de sus iniciativas de Gobierno.
Los manifestantes pidieron que se revierta la reforma aprobada la semana pasada en el Senado porque afecta al funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano autónomo que organiza las elecciones.
La reforma legal de AMLO, conocida como plan B por ocurrir tras el fracaso de una iniciativa constitucional el año pasado, recorta el presupuesto, el personal y las atribuciones del INE, lo que podría poner en riesgo la autonomía de los comicios y favorece al partido en el poder, según ha denunciado la oposición y algunos organismos institucionales.