Agencias – En la Cámara de Diputados Morena tiene previsto discutir hoy, de manera exprés, en comisiones unidas de Salud y de Justicia, la nueva Ley Federal para la Regulación del Cannabis.
El predictamen, que ya circula entre los legisladores de ambas comisiones, presenta diferencias con el que fue aprobado en el Senado en noviembre del año pasado. Uno de estos cambios es suprimir la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, el cual se iba a financiar con el impuesto por el consumo de la hierba.
En lugar del nuevo instituto, los diputados prevén darle a la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) la rectoría sobre la cadena productiva, sus derivados y su consumo.
Las diputadas de oposición, Martha Tagle (Movimiento Ciudadano) y Frida Esparza (PRD), coinciden en que la modificación generará dificultades para que se pueda cumplir con el propósito de regular todas las actividades en torno a la planta. Y es que la Conadic cuenta con un magro presupuesto para cumplir aun sus funciones actuales. En contraste, los diputados morenistas argumentan que el cambio evita mayor burocracia y respeta la política de austeridad del Gobierno federal.
Para Tagle y Esparza, éste no es el único problema que presenta el predictamen que discutirán hoy los diputados a las 18 horas. Advierten que el documento no atiende realmente el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para despenalizar el uso de la planta. Indican que su principal carencia es que no elimina el carácter punitivo a su consumo, sino que sólo aumenta la cantidad que una persona puede portar; con esto, prevén que se fomenten abusos de autoridad y extorsiones a los usuarios.
La reforma permitirá que las personas cultiven para su autoconsumo hasta 12 plantas, con su respectiva licencia. Tiene previsto castigar con 15 años a quienes comercialicen hasta 5.6 kilogramos de la hierba o suministren incluso de manera gratuita la planta, sin autorización gubernamental.
A Tagle le preocupa que los permisos para cultivo y comercialización que expida el Gobierno sean de difícil acceso.