Ciudad de México – Morena y aliados en la Comisión Permanente del Congreso impusieron a allegados como magistrados de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Dicho Tribunal es un órgano autónomo encargado de dirimir las controversias que se suscitan entre particulares y la administración pública federal.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, legisladores de Oposición advirtieron que los nuevos magistrados son allegados a la administración federal y, en algunos casos, atenderán demandas que antes litigaron en nombre del Gobierno, por lo que estarían en conflicto de interés.
El dictamen fue avalado con 19 votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones. Dicho documento incluye a personajes como Magali Irais Mendoza Ríos, hija de María Estela Ríos, consejera jurídica de la Presidencia, y Miguel Carrasco Hernández, fiscal general de Justicia Militar.
Otros de los perfiles aprobados son Marisela Lecuona González, quien se desempeña como abogada general de la Secretaría de Salud; Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo, hijo del exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto; y Rosendo Gómez Silván, hijo del Fiscal del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.
También hay personajes cercanos al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, como Aarón Marino Álvarez, exdirector Regional Centro y Noreste de la Secretaría de Gobernación; y Ricardo León Caraveo, ex presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información.
Durante la discusión del dictamen, la senadora Laura Ballesteros (Movimiento Ciudadano) acusó que de los 20 perfiles propuestos por el Presidente, en 18 casos no pudo justificar su idoneidad y al menos 10 tienen un serio conflicto de interés, porque actualmente fungen como abogados de instancias federales.
“Este Tribunal controla que el Gobierno federal actúe apegado a la ley, por esta razón no puede haber personas que tengan conflicto de interés con el Gobierno en turno”, manifestó.
El senador José Alfredo Botello (PAN) acusó al Presidente y a su partido de colocar en las posiciones del servicio público a personas incondicionales.
“Cada vez con menos rubor y más desparpajo se proponen perfiles que más que garantizar un buen desempeño en el encargo garantizan sumisión facciosa, genuflexión, porque como hemos comprobado, para ellos, el poder es primero”, dijo.
El diputado Marco Rosendo (Morena) defendió la capacidad de los magistrados designados, la cual dijo constataron en las entrevistas realizadas en comisiones.
“Desahogamos entrevistas con las 20 ciudadanas y ciudadanos propuestos por el Presidente, dándonos cuenta de su idoneidad, de su capacidad y de que cuentan con los antecedentes y con los elementos para poder ser postulados”, defendió el morenista.