22 de Octubre de 2020
Por poner en riesgo la salud de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a Laboratorios Pisa y a su filial, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), con la inhabilitación por dos años y medio como contratistas del Gobierno federal más una multa de un millón 170 mil 95 pesos a cada una.
Se trata de las empresas a las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado en sus conferencias de prensa por prácticas monopólicas y generar el desabasto en el caso de las medicinas contra el cáncer.
Después de conocerse la sanción publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, Zoé Robledo, director del IMSS, informó que la investigación se inició en 2017 a raíz de un proceso de licitación para contratar servicios de anestesia en el que una de las empresas concursantes impugnó el fallo, por lo que se inició una denuncia ante el Órgano Interno de Control.
“Entendemos que fue esa impugnación por un competidor, como es normal. Después de un fallo puede haber impugnaciones que se presentan ante el Órgano Interno de Control y desde entonces, el órgano siguió su proceso de investigación, lo cual pues nos habla que seguramente es una sanción muy bien estructurada y armada”.
En el resolutivo de la sanción, la SFP dio a conocer que durante el proceso de adjudicación ambas “empresas presentaron documentación con la que aseguraban contar con las condiciones técnicas para cumplir con el contrato; sin embargo, dicha información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS”.
Tras garantizar el derecho de audiencia, la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas resolvió que “las empresas infringieron el artículo 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato con el IMSS”.
En respuesta, Grupo Pisa informó que todavía puede competir por contratos públicos en los que no se utilicen recursos federales, como con gobiernos locales y estatales.
“Esta inhabilitación no incluye ventas a hospitales privados, farmacias, mayoristas, distribuidores del sector privado en general, ni entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, cuando las adquisiciones se realicen sin cargo a fondos federales”, se lee en el posicionamiento que emitió la farmacéutica para sus colaboradores, clientes y proveedores.
La empresa recordó que la sanción de la Función Pública deja a salvo los contratos ya adjudicados y los que actualmente se tienen formalizados y vigentes entre Laboratorios Pisa y Dimesa y el gobierno federal.
“En Grupo Pisa somos respetuosos de las normas y disposiciones que emita el Gobierno Federal, al respecto, confiamos en las instituciones que hacen valer la Justicia y el Estado de Derecho”.
Grupo Pisa confirmó que la sanción corresponde a una adjudicación que tenía con el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS para administrar el servicio integral de anestesia, aunque matizó el señalamiento en su contra señalando que “las autoridades consideraron que dicha información no respaldaba plenamente la oferta, teniendo como consecuencia la sanción consistente en la inhabilitación”.