Ciudad de México – La reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca transformar el árbitro electoral, ha desatado un intenso debate en México, un país que en las últimas dos décadas ha considerado al organismo electoral como clave para poner fin al unipartidismo.
En medio de la polémica, López Obrador anticipa que su reforma electoral deberá enfrentar barreras judiciales, mientras la oposición se prepara para presionar con movilizaciones en diferentes ciudades del país por la suspensión de unas leyes que aseguran que dañarán el sistema democrático.
Pese a las impugnaciones judiciales que pueda enfrentar la reforma electoral, López Obrador dijo el jueves que promulgará las leyes que han sido cuestionadas por las autoridades electorales. El mandatario ha defendido su iniciativa centrando sus ataques en que el Instituto Nacional Electoral le cuesta demasiado a los contribuyentes y que paga altos salarios a sus directivos,
La reforma fue aprobada el miércoles por la mayoría oficialista del Senado, con el apoyo de fuerzas aliadas, con 72 votos a favor y 50 en contra.
Con el paquete de leyes se reducirán los salarios, la estructura institucional estatal del organismo electoral y el tiempo de capacitación de los funcionarios de las casillas, pero también se limitarán sus facultades de supervisión y sanción de los partidos y candidatos que no reporten los gastos de campaña.
“Que se impugnen estas reformas. Que se acuda al Poder Judicial mediante recursos, controversia. Todo eso es parte de la normalidad política democrática”, dijo López Obrador en su conferencia matutina al reconocer los riesgos que enfrenta el paquete de leyes impulsado desde finales del año pasado.
El mandatario se mostró confiado en que la reforma electoral superará los desafíos legales porque no está fuera de la ley.
Una opinión diferente tuvo el abogado y consultor en temas electorales, Arturo Espinosa, quien indicó a The Associated Press que hay “altas probabilidades” de que prosperen las impugnaciones contra el paquete de leyes porque “hubo irregularidades” en el proceso legislativo de aprobación. También porque algunas de las modificaciones son “contrarias al texto constitucional”, debido a que vulneran la autonomía del INE y los “principios democráticos que deben observar las elecciones”.
López Obrador ya tuvo que maniobrar para concretar su reforma electoral, que es conocida como el “Plan B”. Su primera iniciativa, que implicaba un reforma constitucional con cambios electorales más profundos, fue desestimada por el Congreso por falta de votos.
Espinosa explicó que el paquete de leyes tendrá vigencia inmediata, luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero precisó que los mismos artículos transitorios prevén que la reforma no pueda aplicarse para las elecciones de gobernadores de los estados de México y Coahuila previstas para junio.
El consultor dijo que está en duda si la reforma podrá aplicarse en los comicios presidenciales del 2024 debido a que la constitución establece que no se pueden hacer cambios a las leyes 90 días antes del inicio del proceso electoral y agregó que ese punto deberá aclararlo la Corte.
Grupos de opositores y activistas han convocado movilizaciones para el domingo en la capital mexicana y otras ciudades para protestar contra la reforma electoral.
El mandatario ha negado reiteradamente que el paquete de leyes pueda poner en riesgo las elecciones en México, tal como sostienen las autoridades electorales y opositores.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien ha sido blanco frecuente de las críticas de López Obrador, ha defendido fervientemente al organismo. Antes de la votación del Congreso, Córdova dijo en su cuenta de Twitter que las reformas buscan recortar a miles de personas que trabajan para garantizar elecciones confiables y advirtió de que eso supondrá “un riesgo para futuras elecciones”.
Federico Estévez, profesor jubilado de Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico de Monterrey, apuntó que las afirmaciones de la oposición de que López Obrador está “desmantelando la democracia” son exageradas. “No se trata de deshacer la democracia, es una concepción diferente de la democracia”, dijo Estévez. “Es más mayoritario y menos dependiente de élites inadecuadas, improductivas y equivocadas”, defendió el profesor.
Las elecciones mexicanas son costosas, en parte, porque casi toda la financiación de las campañas la proporciona por ley el gobierno. El INE también expide unas credenciales electorales, que son la forma de identificación más comúnmente aceptada en México, y supervisa las votaciones en los rincones remotos y a menudo peligrosos del país.
Al respecto Patricio Morelos, profesor en Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico de Monterrey, indicó que “habría que preguntarse si el hecho del alto costo es algo malo si se asegura una democracia plena, con resultados ampliamente reconocidos por la gente”. Morelos estimó que las elecciones del 2021 tuvieron un costo de unos 2.000 millones de dólares.
En contraste con quienes ven al INE como un pilar clave de la democracia moderna del país desde el año 2000, López Obrador y sus partidarios han cuestionado el instituto electoral desde 2006 cuando perdió las elecciones presidenciales por una mínima diferencia de 0,56%. Denunció entonces que su derrota se debió a un fraude electoral. Doce años después, el político ganó la presidencia por un amplio margen.
El partido gobernante Morena de López Obrador luce favorito en este momento para vencer en las elecciones presidenciales del próximo año ante una oposición desorganizada. Pese a los niveles de popularidad que mantiene el presidente mexicano, no es elegible para la reelección.