Agencias – El estruendoso y ensordecedor estallido ocurrió catorce minutos pasada la media noche. Los vecinos de la colonia Culhuacán, en la Ciudad de México, despertaron de manera abrupta y apenas se pusieron de pie, notaron destrozos en las puertas y ventanas de sus hogares, lo mismo que en los vehículos estacionados en la calle. Aquel lunes 6 de noviembre de 2006, un par de artefactos explosivos fueron detonados en las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). No era el único atentado.
Esa madrugada otras bombas más, de fabricación casera, estallaron en la sede nacional del PRI, y en un banco. No hubo lesionados, sólo daños materiales. Dos años más tarde la historia cambiaría. Una granada fue arrojada entre la multitud que festejaba el día de la independencia, en Morelia, Michoacán, y una más, a unas cuadras de ahí. El saldo: ocho muertos y más de un centenar de heridos.
Once años después, en febrero de 2019, en el centro comercial Mundo E, Estado de México, elementos de Servicios Especiales de la policía estatal desactivaron un artefacto explosivo casero. Estos hechos y similares han quedado consignados en carpetas de investigación como delitos de terrorismo y son investigados por la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría).
Entre 2006 y 2020, la dependencia federal abrió 210 averiguaciones previas y 55 carpetas de investigación por el delito de terrorismo, su financiamiento y terrorismo internacional, indican datos obtenidos vía transparencia. Es decir, que en quince años ha investigado 265 casos que de acuerdo a la legislación mexicana podrían configurarse como actos de terrorismo.
El terrorismo se define en el artículo 139 del Código Penal Federal (CPF). Éste indica que se impondrá una pena de prisión de 15 a 42 años, y 400 a mil 200 días multa, “a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”.
Los datos de la Fiscalía revelan que las entidades con mayor número de investigaciones son Ciudad de México, con 18; Michoacán, con 17; Jalisco, con 16; Chihuahua, con 12, y Coahuila y Nayarit, con 10 cada una. Además, aparece un concepto de “Áreas Centrales”, con 103 averiguaciones.
Las estadísticas oficiales también indican que en el mismo lapso de tiempo las autoridades detuvieron a 225 sujetos, y consignaron a 203, vinculados a los delitos de terrorismo, encubrimiento de terroristas, personas que amenazaron con cometer el delito de terrorismo y financiamiento de terrorismo, lo mismo que terrorismo internacional. Todos estos delitos están previstos en los artículos 139 al 139 Ter y 148 Bis al 148 Quáter del CPF.
El terrorismo en México es considerado una amenaza a la seguridad nacional.