Quintana Roo – El Congreso de Quintana Roo impuso a plataformas digitales de transporte privado, como lo son “Uber” o “Didi”, nuevas medidas en la Ley de Movilidad estatal para que éstas puedan operar en la entidad.
Con 23 votos a favor y cero en contra, las bancadas de Morena, PVEM, PT, PAN, PRI, MC, Más Apoyo Social y Fuerza por México aprobaron la noche de ayer nuevos artículos y marcos legales en la Ley de Movilidad de Quintana Roo, con la cual se añadieron candados a estas plataformas.
En la nueva ley, se estableció que los servicios de transporte privado digitales no requerirán obligatoriamente de una concesión para operar, pero sí de un permiso, el cual será renovado cada año por el Instituto de Movilidad del Estado.
Asimismo, que ese instituto creará un registro de personas morales que medien o promuevan la contratación de esos servicios, y que éstos, también deberán pagar al mes el 1.5 por ciento por servicio contratado, lo cual irá al Instituto de Movilidad y a un nuevo Fondo para la Movilidad.
También, se añadió la obligación que los vehículos de las plataformas no deberán tener una antigüedad de más de cinco años, y éstos tendrán que ser de mínimo cuatro puertas, bolsas de aire delanteras, aire acondicionado y equipo de sonido.
Se les ordenó también a estas plataformas que los vehículos tendrán que tener en su interior botones de pánico físicos o digitales, cámaras de video y grabación de voz, así como equipos de geolocalización GPS.
Apenas en enero pasado, un tribunal federal de Quintana Roo resolvió, en definitiva, que la plataforma Uber no tenía que sujetarse a la ley estatal de movilidad de 2018 que la obligaba a obtener una concesión para poder operar.
Por unanimidad, se decidió en ese Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, que Uber quedaba amparada contra una reforma que clasificaba como servicio público el que prestan este tipo de plataformas, sujetándolas a concesiones como las que se les expide a taxis, autobuses y otros transportes de pasajeros.
Chocan opiniones por nueva Ley de Movilidad
El diputado Humberto Aldana, coordinador de la bancada de Morena, espera que tras estas reformas los sindicatos de taxistas y usuarios de Uber queden conformes.
“Esperamos que exista la apertura y la tolerancia en ambas partes para el inicio de implementación de una reforma novedosa, incluyente en el sentido del transporte público y privado, que de inicio se requiere que se implemente para ver los efectos reales y no supuestos en que se puede caer a partir de las consideraciones que tienen ambos grupos”, explicó a Grupo REFORMA.
Añadió en entrevista que se prevé que los taxis también puedan estar en algún momento dentro de una plataforma digital para ofrecer sus servicios, así como también que las unidades tengan taxímetros.
“Todo debe generar una mejora en el servicio y mayor seguridad en usuarios, es lo que creemos le importa los usuarios. No he recibido cuestionamientos de usuarios de por qué el momento se va de un lado y no de otro, eso es más de gente de sindicatos o los representantes de las plataformas, lo veo con los usuarios”.
En contraste, Agueda Esperilla, vocera de Uber en la entidad, aseguró que esta reforma no generará competencia sana y beneficiará a los sindicatos de taxistas, así como al Gobierno estatal.
“La ley está hecha para seguir protegiendo a los sindicatos, que finalmente es negocio de Gobierno, siguen cuidando sus intereses, es más que obvio y está clarísimo, y a la competencia nos van a seguir poniendo el pie, en palabras coloquiales, pedirnos cosas que nos van a hacer complicado cada vez más operar”, dijo a Grupo REFORMA.
“Le sumaron el tema del impuesto de 1.5 por ciento, el gran problema que nadie me ha podido responder, es por qué a los taxistas los exentan de ese impuesto, si son prestadores de servicios, eso nadie lo ha podido responder. Se muestra claramente cómo siguen protegiendo sus propios intereses, porque sindicato son negocios del Estado, políticos, diputados, senadores, todos son propietarios de concesiones de taxis”.
En enero pasado, la disputa de taxistas contra usuarios de Uber provocó bloqueos, así como peleas y ataques de los integrantes de distintos sindicatos, sobre todo en Cancún y Playa del Carmen.
Tras semanas de hechos de violencia, el Gobierno estatal, así como el Ayuntamiento de Cancún, aseguró que procederían legalmente contra algunos taxistas.