Ciudad de México – Agencia Reforma – La Fiscalía General de la República empleó por vez primera las declaraciones de Emilio Zebadúa, el exOficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol que pidió convertierse en testigo colaborador, para imputar penalmente a un exfuncionario por el caso de la Estafa Maestra.
La dependencia federal imputó esta tarde ante un juez federal a Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de la Sedatu y exnúmero dos de Rosario Robles, de un contrato ilegal de 185 millones 839 mil 480 pesos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) de Hidalgo.
Los dichos del exOficial Mayor hasta ahora sólo habían sido ofrecidos como prueba en el juicio de Rosario Robles, pero su contenido no había sido usado como dato para una audiencia inicial con la finalidad de imputar y tratar de vincular a proceso a un indiciado, como ocurrió hoy con González Tiburcio.
En una audiencia presidida por Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el fiscal Mario Fonseca Barrera expuso fragmentos de la declaración rendida el 19 de octubre de 2020 por Zebadúa ante la FGR.
En ese testimonio, refirió el fiscal, Zebadúa expone que la Estafa Maestra fue una estrategia mediante la cual se desviaron mil 267 millones de pesos para pagar adeudos y compromisos adquiridos durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
Pero también para financiar la compra de votos, la operación política electoral del PRI y el pago de campañas de publicidad para promocionar a altos funcionarios de la administración pasada, empezando por el expresidente de la República,
El dinero fue autorizado por la Secretaría de Hacienda, a cargo de Luis Videgaray, para la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero dependencias como la Sedatu y la Sedesol la triangularon a través de contratos a universidades estatales y organismos públicos descentralizados, citó el fiscal.
Y uno de los convenios generales que Zebadúa menciona como instrumento del desvío es el que se imputó esta tarde a González Tiburcio por más de 185 millones de pesos, que en el papel era para automatizar el registro, control y seguimiento de la información del Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero.
El exsubsecretario, quien compareció a través de videoconferencia, fue imputado este lunes por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, cuya penalidad va de los 6 meses a 12 años de prisión.
La imputación se basa en que el 4 de enero de 2016 supuestamente suscribió con la UPFIM el citado convenio, hecho que no solamente él niega, sino que señala como falso, pues desde 2017 denunció ante el Órgano Interno de Control de la Sedatu que su firma fue falsificada en dicho documento. El 2 de febrero del 2016, la universidad hidalguense subcontrató a las empresas Asesore