Ciudad de México – Agencia Reforma – La Fiscalía General de la República (FGR) va contra Ricardo Anaya.
La Fiscalía acusó al panista de recibir sobornos del exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña, Emilio Lozoya para la aprobación de la reforma energética.
Anaya aseguró el sábado pasado que vendría una persecución política.
Un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte citó al excandidato presidencial panista a una audiencia inicial para imputarlo por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
Anaya fue citado para el próximo jueves a las 10:00 horas para la audiencia de imputación, según confirmaron a Reforma fuentes del Poder Judicial de la Federación.
Los delitos contra Anaya son los mismos por los que fue imputado y procesado el exsenador panista Jorge Luis Lavalle detenido en abril pasado y preso actualmente en el reclusorio norte. Además de Anaya y Lavalle, también están implicados los exsenadores y actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
También son acusados los exlegisladores Ernesto Cordero y Salvador Vega Casillas; y Osiris Hernández, exsecretario particular de Anaya.
Una pieza clave en las acusaciones es Rafael Caraveo, exsecretario particular de Jorge Luis Lavalle, quien se convirtió en testigo protegido de la FGR y ha confirmado los sobornos del exdirector de Pemex a los exsenadores panistas y a Ricardo Anaya.
Si bien ninguno de los ilícitos merece la prisión preventiva de oficio, la FGR puede solicitar la prisión preventiva justificada, en caso de considerar que Anaya tenga los recursos o los antecedentes migratorios que hagan suponer que puede darse a la fuga, tal y como lo planteó con Lavalle, hoy privado de su libertad.
Aunque la Fiscalía sostiene que Lozoya entregó 97 millones 190 mil pesos a los legisladores de oposición para aprobar la reforma energética, los testimonios del exdirector de Pemex y de su chofer Miguel Pérez Esquivel señalan que en el caso específico de Anaya la entrega fue de 6 millones 800 mil pesos y se habría llevado a cabo en el estacionamiento de la Cámara de Diputados.
Desde el primer momento, Anaya rechazó la imputación e incluso presentó una demanda por daño moral, ya que dijo que en agosto de 2014, cuando supuestamente le pagaron el soborno en el recinto legislativo, él ya no era diputado.