Ciudad de México – Agencia Reforma — En el primer semestre de 2021, el Gobierno federal mantuvo en la tendencia de hacer a un lado las licitaciones públicas y entregó el 80.6 por ciento de contratos a través de asignaciones directas, cifra mayor respecto a las dos administraciones anteriores.
De acuerdo con un estudio de los especialistas Leonardo Núñez y Javier Martínez, se trata de 55 mil 691 contratos de asignación directa, con un monto por 74 mil 639 millones de pesos.
De esa forma, el presidente no ha cumplido con su promesa de campaña de eliminar la asignación directa de contratos, como una de las medidas que ofreció en la lucha contra la corrupción.
Incluso, el Gobierno de López Obrador ha superado a las administraciones anteriores en el porcentaje de contratos que se entregan por ese método, que es considerado como uno de los mayores riesgos para el desperdicio, el uso irregular de recursos y la corrupción, mencionaron.
“Este gobierno, tal como todos los anteriores, se resiste a dejar de utilizar a las adjudicaciones directas de un modo descontrolado. Y así, 8 de cada 10 contratos siguen siendo entregados sin procesos abiertos ni competidos”, destaca el estudio.
Los escándalos de corrupción que se han presentado en el actual sexenio tienen que ver, precisamente, con la asignación directa de contratos, como la compra de ventiladores al hijo de Manuel Bartlett, los contratos de las empresas del ex superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, los contratos de Pemex con la prima-hermana del Presidente y las pruebas caras de Covid adquiridas por la SFP a una empresa sin empleado, entre otros.
Indicaron que de 2010 a 2018, en promedio el 79.6 por ciento de los contratos del Gobierno federal fueron entregados de manera directa.
“Nuestro seguimiento periódico de las compras del Gobierno ha mostrado que el gobierno de López Obrador continuó e intensificó el uso de esta práctica en 2019 y 2020.
“En los primeros seis meses de 2021, el 80.6 por ciento de los contratos y 35.6 por ciento de sus recursos han sido entregados por adjudicación directa”, señalaron en un estudio de seguimiento a las adquisiciones de la Administración Pública Federal.