Chihuahua, Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado documentó la probable responsabilidad de Eduardo Esperón González, en el delito de peculado agravado, al aportar elementos incriminatorios que establecen su posible participación en el desvío de 20 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).
Durante la audiencia celebrada el día de ayer, el Juez de Control, Octavio Rodríguez Gaytán, resolvió la situación jurídica del imputado al dictarle auto de vinculación a proceso en la causa penal 2550/2018, por el delito de peculado agravado con base a la denuncia presentada el 4 de agosto de 2017, por la Secretaría de la Función Pública.
La representación social presentó elementos incriminatorios irrefutables, sobre la manera en que se confabuló para cometer el desvío de dinero, con el propósito de cumplir con un compromiso personal del ex gobernador y hoy prófugo de la Justicia, César Horacio Duarte Jáquez.
Como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el 16 de diciembre de 2015, Esperón solicitó a la Secretaría de Hacienda mediante oficio RF2495/2015 la cantidad de 20 millones de pesos, asegurando que serían destinados a la contratista Ingeniería y Diseño VAN. SA de CV, para cumplir en la construcción del Centro de Justicia y/o Ciudad Judicial.
No obstante, una vez que recibió dicha cantidad, sin justificación alguna, el 18 de diciembre de 2015, expidió el cheque número 14928 a favor de Infocom Sistemas de información S.A. de C.V. que fue cobrado ese día con cargo a la cuenta bancaria número 00195023114 de la institución bancaria BBVA Bancomer, perteneciente a la SCOP de Gobierno del Estado.
Las investigaciones ministeriales efectuadas en la Operación “Justicia para Chihuahua”, descartaron que la empresa Ingeniería y Diseño VAN. SA de CV hubiera subcontratado a Infocom Sistemas de información S.A. de C.V., para la realización de algún trabajo en la Ciudad Judicial.
También se descartó que hubiera existido algún adeudo del Gobierno del Estado con dicha persona moral o alguna relación contractual, al no ser así, se estableció que los 20 millones de pesos le fueron entregados indebidamente a una persona de nombre Javier Muruato, socio de Infocom Sistemas de información S.A. de C.V, por compromisos que el exgobernador tenía con él desde que fue diputado federal.
En la audiencia se estableció que el imputado tenía facultades para incidir en los recursos económicos de la dependencia a su cargo, y que previo acuerdo con diferentes servidores públicos, en diciembre de 2015 desviaron la citada cantidad del patrimonio estatal, recurso que estaba destinado a fines públicos.